Expansión del derecho penal y derechos humanos. Por E. Raúl Zaffaroni.

 

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Por Eugenio Raúl Zaffaroni

 

  1. Precisiones conceptuales.
  2. Expansión. Se denomina expansión del derecho penal a la proliferación de tipos penales –o criminalización primaria-, que se viene produciendo desde hace décadas[2], con motivo o pretexto del surgimiento de nuevos riesgos[3] y con la función manifiesta de su neutralización, fenómeno que generó alertas doctrinarias ante la perspectiva de una panpenalización y la consiguiente búsqueda de criterios limitativos metalegales a la legislación penal[4].
  3. Expansión y extensión: punitivismo. Cabe aclarar que la expansión horizontal de la tipificación, suele ir acompañada de una extensión vertical de la punición, mediante agravamientos de penas y proliferación de tipos calificados. La conjunción de la expansión y la extensión da lugar al fenómeno llamado punitivismo[5].
  4. Equivocidad semántica. La expresión derecho penal es semánticamente equívoca, pues se la suele emplear para denotar la legislación (obra de políticos), el poder punitivo (ejercido por las agencias ejecutivas o policías), la doctrina o ciencia jurídico-penal (trabajo de los juristas)[6] e incluso hasta la jurisprudencia (producto de los tribunales).
  5. ¿Realismo o idealismo? Estas connotaciones se confunden cuando, desde la doctrina, se da por cierto que lo normativo (deber ser, ley) pasa automáticamente a la realidad (ser), por efecto de una teoría del conocimiento normativista (idealista), que pretende ignorar todos o algunos de los datos sociales (sobre todo del ser del poder punitivo[7]).

En el presente análisis se adopta una perspectiva realista[8], que nos impone distinguir las funciones manifiestas (lo que el Estado o el sector hegemónico o sus voceros dicen querer al legislar) y las reales (sus efectos en la sociedad y su funcionalidad para el poder social).

  1. Orden expositivo. Conforme a la perspectiva realista, desde el derecho penal como doctrina jurídica, ensayamos una aproximación al fenómeno de expansión de la criminalización o tipificación, distinguiendo los problemas que plantea en el plano normativo (legislativo) de sus reales efectos sociales (descripción del impacto del poder punitivo tal como realmente se ejerce) y de su explicación en el marco de poder (de su funcionalidad de poder). Tangencialmente nos referiremos a también a la extensión y al punitivismo, dada la frecuente coetaneidad de ambos procesos.

Transitaremos este camino, para referenciar –con la brevedad del caso- el fenómeno en el derecho internacional de los derechos humanos, verificando su impacto sobre los límites que éste (como ley positiva de máxima jerarquía) impone a los Estados, sin necesidad de apelar a criterios metalegales[9].

  1. Legislación penal de riesgo y proliferación típica.
  2. El mundo ficcional normativo. La expansión de la tipificación o proliferación de tipos penales, da lugar al llamado derecho penal (en rigor legislación) de riesgo que, invocando la necesidad en función de –supuestos o reales- nuevos riesgos[10], suele desconocer los tradicionales límites (garantías) del derecho constitucional e internacional.

El discurso legitimante de esta legislación inventa un mundo inexistente mediante presunciones y ficciones (mundo ficcional normativo). Éstas provienen del derecho de forma, donde se emplean por razones de economía procesal, dando como cierto algo que no es o no se sabe si es, pero ahora se importan libremente al derecho penal. Así, se da por verdadera, en el plano de lo real, la función preventiva de cualquier pena[11], con lo cual se tiene también como real que la norma penal siempre previene la afectación de ciertos bienes jurídicos[12] y, por ende, se concluye en que la norma penal tutela esos bienes.

  1. ¿Responsabilidad objetiva? Esta proliferación típica tiende a confundir crecientemente los injustos administrativos[13] que, en esencia, se basan en la culpa in eligendo o in vigilando, con el injusto penal, que requiere dolo o negligencia penales, lo que lleva a lo que llamamos responsabilidad objetiva, considerada por los historiadores del derecho como una etapa primitiva y superada de la ley penal[14].
  2. La perversión de la ofensividad. Esta cadena de efectos sociales imaginarios[15] coincide con el constructo artificial de un ser humano que actúa siempre respondiendo a leyes del mercado, que es precisamente lo que muestra la coincidencia de este mundo ficcional penal con el reduccionismo economicista de mercado del capitalismo financiero, que aspira a devenir paradigma de todas las ciencias sociales[16].

Esta antropología economicista se proyecta en el derecho penal, para dar base al mundo ficcional normativo en que se pervierte el principio de ofensividad o lesividad (harm principle)[17], pues se salta sin escalas de la originaria garantía limitadora liberal de exigencia de un bien jurídico afectado[18] a un presunto bien jurídico tutelado[19].

Esto importa contradicciones insalvables: (a) Al prescindir de todo dato empírico acerca del efecto tutelar, se impide la verificación de la mínima racionalidad republicana de la norma penal (adecuación del medio al fin). (b) El bien jurídico del sujeto pasivo nunca puede ser tutelado por la norma penal, pues cuando se aplica ésta es porque aquél fue afectado[20]. (c) Como el bien jurídico supuestamente tutelado no es el del sujeto pasivo del delito, pasa a ser una abstracción que oculta un interés del Estado (razón de Estado)[21]. (d) Pasa por alto que el bien jurídico -por definición- lo recibe el derecho penal ya tutelado por el derecho, con total independencia de la norma penal[22]. (e) Sólo se tipifican algunas afectaciones típicas al bien jurídico, no toda lesión o peligro (nunca puede haber tipificación penal total)[23].               

La pirueta lógica e imaginaria que salta del requisito liberal del bien jurídico afectado al tutelado (interés o razón de Estado), lo convierte en una abstracción que permite clonaciones de bienes jurídicos, que sólo existen en el mundo ficcional normativo[24].

  1. La probabilidad estadística. En el imaginario mundo presuncional o ficcional, todo riesgo (probabilidad estadística de resultado ofensivo) se convierte en un peligro absoluto que desprecia la inevitable porción estadística de inofensividad, o sea que, por las dudas, criminaliza todas las conductas (sean dañosas o no dañosas, ofensivas o inofensivas). En esencia, se trata de una objetivación de la vieja peligrosidad positivista transferida el injusto[25], mediante una ficción de peligro respecto de la porción estadísticamente inofensiva (respecto de la cual tiene por real un peligro inexistente) que se bautiza con el eufemismo de peligro abstracto.

De este modo, los tipos de peligro abstracto, con el pretexto de tutelar al máximo un bien jurídico que estadísticamente se sabe que una buena parte de esas acciones no lo afecta, conminan también esas acciones inofensivas, violando tanto el principio de ofensividad penal como el de inocencia procesal.

  1. La presunción juris tantum. En una versión menos ficcional de los tipos de peligro abstracto, sería posible interpretarlos como presunciones juris tantum, en lugar de presunciones juris et de jure. Esta variable también contraviene tradicionales principios procesales, pues impone tanto la inversión de la carga de la prueba como la exigencia de prueba negativa (probar la ausencia de peligro)[26].
  2. Prohibición de actos preparatorios y derecho penal de voluntad. La expansión, que pretende prevenir con múltiples tipos de peligro abstracto, incrimina actos preparatorios y equívocos, lo que viola el principio de lesividad tanto por el alejamiento temporal de la consumación como por la presunción o ficción de peligro, a lo que suele agregarse el mencionado fenómeno de la clonación de bienes.

El adelantamiento de la criminalización a los actos preparatorios supone también una suerte de objetivación del derecho penal de voluntad (Willenstrafrecht)[27], pues el tipo de peligro abstracto ni siquiera procura detectar una voluntad disidente de lesionar el bien jurídico en los actos preparatorios que incrimina, ni en verdad la presupone, sino que directamente se desinteresa y, por tanto, impone pena aunque no haya existido, bastándole con que el agente haya querido la acción[28]. El resultado paradojal es que el Willenstrafrecht era más limitador en cuanto a la incriminación de actos preparatorios, que los actuales tipos del llamado peligro abstracto.

  1. Extensión: calificaciones y aumento de penas. La extensión vertical que suele acompañar a la expansión horizontal de la tipificación, concretada en agravaciones de penas y tipos calificados, comparte con esta última la supuesta eficacia preventiva de las puniciones más graves[29].

Las alteraciones de las escalas penales desarticulan el equilibrio entre éstas, fundado en la jerarquía y grado de lesión al bien jurídico[30] y en el reproche individualizado de culpabilidad, rompiendo la armonía impuesta por el mínimo de racionalidad inherente al principio republicano[31] traducido en la regla de proporcionalidad de la pena[32].

  1. Punición de usuarios y consumidores. Cuando en la creación de tipos penales se pretende prevenir la producción de algo nocivo y está en juego una cuestión de oferta y demanda[33], se racionaliza una táctica político-criminal preventiva que consiste en tipificar la acción de demandar, argumentando que con eso se disminuye le producción de la oferta.

Esta táctica ofrece los siguientes reparos: (a) Es una vía indirecta para violar el principio de autonomía moral de las personas[34]. (b) En modo alguno resulta eficaz desde el punto de vista de una efectiva prevención[35]. (c) De extenderse a toda actividad ilícita en que se ofrezcan productos o servicios, provocaría una extensión intolerable de la criminalización primaria[36].

  1. Descodificación penal. A la urgencia con que por regla general se producen estos tipos penales suele corresponder una descuidada técnica legislativa. Además, lo más común es que se inserten en leyes penales especiales, o bien, en textos de leyes no penales (la llamada legislación penal extravagante), es decir, que se descodifica la ley penal.

Descodificación implica una regresión a la codificación preiluminista[37], o sea, una renuncia a la exposición sistemática en una sola ley orgánica de todas las disposiciones de una materia jurídica, heredada del enciclopedismo, con el objeto de facilitar su aplicación, la previsibilidad de las decisiones y la claridad de la materia prohibida a los habitantes (seguridad jurídica)

Con frecuencia la descodificación lleva incluso a dobles o múltiples tipificaciones y recalificaciones[38], con las consiguientes dificultades interpretativas. El principio de código, consagrado recientemente en la legislación, italiana procura poner remedio a semejante caos legislativo[39].

  1. Racionalizaciones legitimantes. Desde la doctrina penal se han ensayado varios caminos para racionalizar la expansión de la tipificación o legislación penal de riesgo –y también su extensión-, aunque evitando los argumentos demasiado cercanos al derecho penal de entreguerras, dada su justificada estigmatización, pero no puede desconocerse que –en conjunto- tienden a debilitar los principios que se remontan al Iluminismo. No faltan tampoco resignados intentos que –pese a reconocer los peligros que implica- tratan de contener su avance, procurando negociar su limitación a una parte excepcional del derecho penal.

Se destacan como A) legitimaciones (a) el derecho penal simbólico, (b) la función meramente reafirmadora de la vigencia de la norma (c) y –en cuanto a algunas tipificaciones- la lesión por acumulación. Como B) resignadas y negociadas legitimaciones excepcionales, se propuso el derecho penal (a) del enemigo y (e) a dos velocidades.

  1. El llamado derecho penal simbólico. Una de las vías de racionalización de la expansión de la tipificación penal es el llamado derecho penal simbólico[40], que maneja de manera bastante arbitraria la teoría de la comunicación[41]. Desde esta perspectiva, la principal y dominante función de la ley penal consistiría en una suerte de servicio de mensajería social que advierte[42] la repulsa estatal a la acción prohibida.

Las penas concretamente impuestas serían advertencias[43] que recordarían a los miembros de la sociedad el desvalor de la conducta penada, con lo cual las personas que la sufren serían mediatizadas al servicio de la mensajería de reprobación[44]. El supuesto bien jurídico afectado por la conducta típica, en caso de admitirse alguno, sería en definitiva, el poder o potencia desvaloradora del Estado[45], es decir, un palmario caso de bien jurídico único.

  1. La ratificación de la vigencia de la norma. Desde la perspectiva del normativismo idealista y, por ende, desentendida de los datos reales acerca del poder punitivo, se legitima la expansión asignando a la pena la pura función de ratificación de la vigencia de la norma[46], sin referencia a ningún bien jurídico. De este modo, con el nombre de prevención general positiva, en realidad, la pena tutelaría un único un bien jurídico, pues el objeto de la lesión (y supuesta tutela) sería el prestigio estatal[47]. Las personas seleccionadas serían medios para generar consenso y prestigiar la confianza en el sistema (o sea, en el poder del Estado).
  2. La lesión por acumulación. Algunos tipos penales sancionan acciones que individualmente no lesionan ni ponen en peligro ningún bien jurídico, pero que de generalizarse (acumulándose) lo harían[48]. De este modo se abre la posibilidad de criminalizar cualquier acción humana -por inofensiva que fuese-, pues casi no existe ninguna conducta que, de alucinarse de generalización, no resulte lesiva de uno o más bienes jurídicos y, en ocasiones hasta catastrófica para todos los bienes jurídicos[49].
  3. Derecho penal del enemigo. Hace unos años, con el objeto de detener el avance arrollador del panpenalismo, se propuso reconocer excepcionalmente un derecho penal del enemigo[50], limitado a algunos tipos penales, cuyos sujetos activos serían considerados no personas y, por ende, serían objeto de una suerte de medidas de pura contención[51]. De este modo, el resto del derecho penal podría seguir el curso tradicional más o menos liberal[52], lo que desató una larga polémica doctrinaria.

Se trata de una legitimación parcial y excepcional de la expansión, bastante ingenua, porque ignora la experiencia de la dinámica histórica de todo derecho penal autoritario que –justamente- siempre se introdujo como excepción que a poco se generalizó, en forma de legislación penal de ataque contra enemigos peligrosos que, por cierto, nunca neutralizó[53].

  1. Derecho penal a dos velocidades. Otra resignación parcial del derecho penal liberal en favor de la expansión es la propuesta del llamado derecho penal a dos velocidades, que postula la creación de un orden menor de infracciones, sin penas privativas de la libertad, donde se flexibilicen los principios tradicionales del derecho penal liberal, dejando el nivel de garantías más alto para el derecho penal de tipos tradicionales y de alto contenido ilícito[54].

La distinción cuantitativa de infracciones -según la intensidad del contenido ilícito- tiene vieja raigambre[55], pero esta versión actual pasa por alto que las infracciones de menor contenido ilícito son las más frecuentes y, por eso, cobran mayor importancia que las graves en la configuración y control de la interacción social, siendo más peligrosas para una sociedad plural, como la que corresponde a una democracia[56]. Mientras las penas para los delitos graves están muy lejos de la experiencia cotidiana del ciudadano, las más leves son las que éste vivencia con mayor frecuencia y proximidad y, por ende, la arbitrariedad en éstas y la vigilancia social que habilitan, influyen mucho más en la vida del común de las personas.

III. El ejercicio real del poder punitivo habilitado por la expansión tipificadora 

  1. Mayor poder selectivo. Es sabido que la desproporción estructural entre lo programado por la criminalización primaria (tipificación) y la selección de personas a quienes criminalizar (criminalización secundaria) siempre es estructuralmente enorme. Por ende, cada nuevo tipo penal aumenta el ámbito de selección de personas sobre las que recae el poder punitivo real (criminalización secundaria), o sea que, a mayor tipificación corresponde mayor poder de arbitrio selectivo (o relativa arbitrariedad) para las agencias ejecutivas, que lo reparten conforme a situaciones de vulnerabilidad. En resumen: la expansión amplía el poder de arbitrio selectivo de las agencias ejecutivas (policías).
  2. Menor contención jurisdiccional. Los jueces –pese a la constante afirmación en contrario- no ejercen el poder punitivo. Su función -correctamente ejercida- consiste en filtrar el que ejercen las agencias ejecutivas, concretando en penas el menos irracional e impidiendo el paso del más irracional. De este modo se mantiene la relativa vigencia de todo Estado de derecho mínimamente republicano[57].

Esta función de filtraje y contención del poder punitivo es una tarea de vital importancia, pues evita el desborde que, de producirse, puede traducirse desde simples abusos hasta genocidios. Con ese objeto, las agencias judiciales (jueces) proceden según normas procesales frente a los candidatos a la criminalización secundaria, seleccionados por las agencias ejecutivas[58].

  1. Derecho penal del enemigo por vía procesal. Pero el poder punitivo que filtran los jueces se concreta mucho más en prisiones preventivas -regladas en ley procesal- que en condenas con penas de la ley penal. Los nuevos tipos de la expansión y las penas más graves de la extensión (el punitivismo resultante de ambos), se proyectan procesalmente en una fuerte ampliación de la prisión preventiva y de la consiguiente prisionización[59], que no aumenta tanto por penas de la ley penal, sino por prisiones preventivas formalmente procesales (presos sin condena)[60].

Como estas prisiones preventivas (penas anticipadas)[61] son idénticas a las medidas de pura contención que propugnó hace unos años el referido derecho penal del enemigo, la ley procesal resulta consagrándolo materialmente bajo otro nombre[62].

  1. Estado y situación de vulnerabilidad. La selectividad criminalizante secundaria se reparte, por un lado, conforme al estado de vulnerabilidad de la persona y, por otro, según el esfuerzo personal de ésta para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad.

El mayor estado de vulnerabilidad lo determinan el status social y los prejuicios que imperan a su respecto (de clase, rasgos étnicos, idioma, nacionalidad, orientación sexual, etc.), lo que determina una asociación diferencial[63] condicionante de un respectivo entrenamiento diferencial, todo lo cual -en conjunto- da lugar a los estereotipos negativos[64] de vital trascendencia en la selección criminalizante secundaria.

Por ende, el estado de vulnerabilidad guarda relación directa con la distancia del poder social y económico. A quien lo sufre en alto grado, le basta un pequeño esfuerzo para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad y viceversa[65].

  1. No sólo las clases subalternas. Sin embargo, hay quienes alcanzan una situación de alta vulnerabilidad sin necesidad de un gran esfuerzo personal, como (a) los disidentes y opositores, que confrontan con el poder[66]; y (b) los que participan de las luchas dentro del poder y son derrotados y sometidos a un retiro de cobertura[67].

Se observa, en consecuencia, que por efecto del punitivismo (expansión horizontal y extensión vertical) aumenta el ejercicio del poder punitivo, tanto para las clases subalternas de toda sociedad (los de alto estado de vulnerabilidad) como para los que confrontan con el poder (políticos, periodistas, dirigentes sindicales, contestatarios, denunciantes, etc.) y para los perdedores en luchas hegemónicas (distintos competidores, financistas fracasados, banqueros desplazados, etc.).

  1. Los crímenes de daño del poder. Paralelamente, la proximidad al poder financiero provoca la invulnerabilidad de los autores de grandes delitos económicos, como macroestafas[68] y administraciones fraudulentas[69], explotación de trabajo esclavo[70], cohechos siderales[71] y, sobre todo, el servicio ilícito de reciclaje de dinero[72], lo que ha llevado a pensar en una eventual tipificación del delito económico-político[73].

Estos delitos del poder no son de peligro, sino de daño enorme y masivo al patrimonio de poblaciones enteras, incluso de los países sede de las corporaciones cuyos administradores (chief executive officers) los cometen. Más absoluta aún es la impunidad de la complicidad necesaria de los empresarios de medios de comunicación que los encubren[74].

  1. Macrodelitos de daño impunes. Estos daños, ante los cuales el poder punitivo permanece impasible, se traducen en falencias de pequeñas y medianas empresas, desempleo, crisis de la previsión social, deterioro de la enseñanza, de la salud, de la sanidad, de la investigación, de la infraestructura productiva, del medio ambiente[75], lo que, a su vez, incentiva los desplazamientos de población, las migraciones clandestinas, la explotación laboral y sexual, etc.

La pauperización producida por los macrocrímenes del poder incentivan la frecuencia de delitos comunes[76], lo que resulta funcional al sostenimiento del sistema social que habilita la macrocorrupción, pues la victimización grosera y evidente, causada por quienes carecen de entrenamiento para hechos más elaborados, permite legitimar el descontrol de las agencias ejecutivas[77] y, por ende, la vigilancia sobre toda la población[78], necesaria para prevenir la disidencia masiva contra la macrovictimización[79]. De este modo, la delincuencia descamisada (equivalente a sans-culottes) no sólo es funcional. sino incluso reproducida, como necesaria al sostenimiento del poder de la delincuencia de cuello blanco.

  1. Deterioro del Estado de derecho. La medida en que, en cada país o región, el Estado se aleje del modelo de derecho y se aproxime más al del Estado de policía[80], dependerá del grado de impunidad de los delitos del poder económico financiero, de la intensidad del poder punitivo sobre disidentes y confrontadores y del debilitamiento del poder judicial de contención.

En síntesis, por efecto de la expansión y de la extensión (punitivismo) se amplía el ejercicio del poder punitivo selectivo sobre clases subalternas, disidentes y perdedores, en tanto que éste renuncia a cualquier ejercicio respecto de los delitos económico-políticos de máxima gravedad y masividad, lo que determina –según circunstancias variables en cada país o región- un deterioro más o menos agudo del Estado de derecho.

  1. Las actuales clases subalternas. Debe precisarse que las actuales clases subalternas no son el proletariado del marxismo de siglos anteriores ni los criminalizados son el Lumpenproletariat, sino que se configuran como clase conforme a estereotipos de subhumanos o no personas, de las cuales seleccionar luego a los criminalizados secundariamente.

Las clases subalternas (o parias) se configuran ahora por el poder mediático monopolizado, pero en cada país o región de diferente manera. Así, en Europa se importan las no personas[81], en tanto que en los Estados Unidos es manifiesta la selectividad racista del poder punitivo[82]. En América Latina, los países que arrastran la cicatriz del esclavismo presentan analogías con los Estados Unidos[83], en tanto que en los otros se apela más al disfraz de una perversión del culturalismo[84].

  1. ¿La expansión reduce los peligros? Una observación general se impone: al parecer, casi nadie se pregunta acerca de la pretendida eficacia neutralizadora de riesgos de los tipos penales de peligro abstracto (expansión) ni tampoco respecto de la extensión punitivista. Al igual que en múltiples ocasiones en el curso del último milenio, se pretende habilitar un ejercicio arbitrario del poder punitivo en respuesta a una necesidad de conjurar peligros y lesiones.

La inevitable selectividad estructural del poder punitivo hace que éste recaiga sobre los infractores más vulnerables (con menos poder), en tanto nunca alcance a los más poderosos. En la criminalidad organizada de mercado cumple la función de eliminar a los competidores más débiles y empoderar más a los menos vulnerables.

Sin bien se obtienen muy pocos resultados positivos, pues los peligros y lesiones continúan y aumentan, es imposible ignorar que, siguiendo la milenaria tradición del punitivismo totalitario, el ejercicio del poder punitivo se desvía hacia otros objetivos que, por lo general, responden a los intereses de infractores mucho más poderosos.

De este modo las finalidades manifiestas (declaradas) terminan siendo diametralmente opuestas a las latentes[85], aunque este escándalo se normalice mediante el consenso funcionalista producido por la continua creación de realidad mediática y la reproducción de racionalizaciones.

  1. Funcionalidad actual del poder punitivo.
  2. Descripción y explicación. La síntesis anterior es descriptiva y, por ende, no explica las razones del ejercicio del poder punitivo, que sólo las puede proporcionar su funcionalidad para el poder, tanto globalizado como poder planetario, como en sus manifestaciones locales y regionales, geopolíticamente condicionadas.
  3. La transformación del poder. La explicación deriva del cambio en el poder mundial registrado desde la últimas tres décadas del siglo pasado, en que el capital financiero se hipertrofió por sobre el capital productivo y avanza reemplazando a los políticos por los administradores de las corporaciones transnacionales, en la forma de un totalitarismo financiero que, legitimado por el discurso autodenominado neoliberal, pretende instalarse como paradigma. En los países sede de sus corporaciones (algunos de Europa y Estados Unidos) tomó a sus gobernantes como rehenes, en tanto que en la periferia latinoamericana desmonta los Estados, reduce su soberanía, los somete a endeudamiento, le hace perder control territorial[86], al tiempo que refuerza sus caóticos aparatos represivos autonomizados[87], o sea que, en esa región, ejercen el colonialismo en una etapa superior o avanzada[88].
  4. Antipolítica y Estado. Las corporaciones transnacionales combaten a la política (antipolítica) porque buscan reemplazarla y, por ende, debilitan a los Estados, porque es el lugar de la política. El poder de esas corporaciones –que supera al de muchos Estados- es lo que explica la impunidad de la macrocriminalidad masiva, que no es más que el modo de su ejercicio de poder.
  5. Sociedad excluyente. Al menos en la periferia colonizada, el totalitarismo financiero tiende a configurar sociedades que incorporen al sistema un 30/40 % de la población y excluyan al 60/70% de ésta[89], por medio de una regresión del Estado a mera función de control para subordinación de los súbditos[90], lo que requiere un control social que se ejerce básicamente por los siguientes medios: (a) creación mediática de realidad, que en los países periféricos se impone con monopolios mediáticos[91]; (b) censura indirecta[92]; (c) represión y vigilancia policial[93]; (d) debilitamiento o complacencia de segmentos judiciales[94] y (e) prisionización o persecución penal de opositores y disidentes.

Esto explica el creciente deterioro del Estado de derecho en los países periféricos, como también la escasa capacidad de cambios estructurales de los políticos de los países sede de las transnacionales, lo que contribuye a aumentar su desprestigio, también funcional al totalitarismo financiero.

  1. Casta de parias y meritocracia. El debilitamiento de los vínculos solidarios, mediante el fomento del individualismo meritocrático[95] y la antes mencionada creación de clases subalternas como casta de parias, debilita la resistencia de la sociedad ante el avance de la exclusión, conforme al modelo excluyente que pretende imponer el totalitarismo corporativo transnacional.

La función de casta de parias para la cual se crean las actuales clases subalternas, facilita la penetración del discurso dominante entre las supuestas clases medias empobrecidas[96], a las que impulsa a considerarse superiores e introyectar esa pretendida meritocracia que, finalmente, desemboca en una ambivalente imitación admirativa de las clases altas[97], lo que las aleja de toda opción política mínimamente igualitaria y fraterna.

  1. Los monopolios mediáticos. Las actuales agendas político-criminales son decididas por los monopolios mediáticos, que son corporaciones que forman parte del propio capital financiero, con capacidad para amedrentar con linchamientos a políticos y jueces.

La creación mediática de realidad[98] transmite la falsa idea de que todos los conflictos se resuelven punitivamente. Esto es funcional para debilitar los vínculos horizontales (solidaridad) y fortalecer los verticales (autoridad). Con este objetivo crea alarma social en los países de baja violencia y disimula o normaliza las violencias reales donde son altas.

  1. Principio de sinceridad. En el marco de un neorrealismo penal –tan imaginario como imposible- se podría pensar en un nuevo principio, quizá denominado principio de sinceridad, según el cual los legisladores manifestarían en el Parlamento que sus leyes se las imponen mediáticamente ciertos grupos de poder ante el temor de perder votos; los jueces fundarían muchas sentencias en su miedo al linchamiento mediático; algunos doctrinarios explicarían en sus escritos ante la amenaza de marginación política y académica; buena parte de los periodistas dirían que adecuan su discurso a la línea editorial de las empresas (linchando, difamando y estigmatizando a políticos, jueces y opositores, y estimulando la venganza), porque de otro modo serían despedidos; algunos ministros de economía explicarían que benefician a transnacionales que cometen delitos que los benefician también a ellos, porque de otro modo perderían su cargo; los ejecutivos de las transnacionales dirían que violan leyes para no ser reemplazados por otros más dispuestos a violarlas; etc.

En definitiva, este alucinado escenario imposible sería mucho más claro que la telaraña de las múltiples racionalizaciones corrientes, que son funcionales a la confusión general de un desconcertante caos argumentativo.

La funcionalidad de la expansión y de la extensión  (punitivismo) en tiempos que podemos caracterizar como de avance pulsional del totalitarismo financiero, es la clave que permite explicar el fondo del fenómeno que nos ocupa que, por cierto, poco o nada tiene que ver con el discurso preventivista que lo legitima y que, con frecuencia, asume la forma de una metáfora bélica, con supuestas guerras incluso imposibles[99].

  1. Violaciones al derecho positivo internacional
  2. El jushumanismo y el actual momento histórico. Desde el punto de vista de los Derechos humanos todo lo anterior importa una gravísima regresión, muchas veces racionalizada conforme a discursos sostenidos en tiempos de totalitarismo[100] y que se consideraban superadas, pero que se filtran en varias racionalizaciones, incluso con las mejores intenciones de sus autores[101].

Toda norma jurídica es un deber ser que aún no es, pues nunca se normativiza lo que es, sino algo que no es pero que debe ser. En el plano del ser se observará luego en qué medida va siendo lo que debe ser, es decir, que hay una dinámica social real que señala avances y retrocesos en cuanto a la adecuación de la realidad a la norma. Quizá nunca la realidad se adecua del todo a la norma (nunca el ser deviene totalmente como debe ser), pero no puede confundirse cierto grado normal de disparidad con el disparate, en que el ser se dinamiza en sentido polarmente inverso.

La normativa internacional de los Derechos Humanos se positiviza desde la última posguerra (Declaración de 1948 y la posterior evolución en tratados universales y regionales) y, en el plano del ser sufrió diversas alternativas, con momentos de avance, detención y relativos retrocesos, es decir, con diferentes momentos de disparidad.

No obstante, nuestro momento histórico –en este aspecto- parece mostrar signos alarmantes, dado que, por primera vez desde la posguerra, se tiene la impresión de que un enorme aparato de poder transnacional opera en sentido exactamente contrario a su realización y la hace retroceder a pasos acelerados.

  1. Una rápida verificación. Este peligroso fenómeno de poder planetario es más evidente en algunas regiones. Para verificarlo nos limitamos aquí a sobrevolar sus manifestaciones, en especial en Latinoamérica, tomando sólo como patrón normativo los tratados que rigen los sistemas regionales de América (Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969) y de Europa (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o Convención Europea de Derechos Humanos de Roma, 1950).

De toda forma, no consideraremos esos instrumentos en su totalidad, porque es obvio que, de tomar en cuenta los Derechos económicos, sociales y culturales (y ahora ambientales), la violación normativa es flagrante, innegable y masiva, pero para evitar un terreno que aún puede resultar polémico[102], nos limitamos a una rápida consideración de las violaciones a los Derechos Humanos acerca de cuya exigibilidad no cabe duda doctrinaria ni jurisprudencial alguna, lo que, por otra parte, es más que suficiente para verificar el proceso de regresión mundial y regional del jushumanismo en el actual marco de poder.

  1. Derecho a la vida. Comenzando por el derecho a la vida[103] y limitándonos a la producción de muertes violentas, no es posible ocultar por más tiempo la letalidad policial en varios países de Latinoamérica, incluso con marcado componente racista. Tanto los medios monopólicos como los discursos políticos, presentan las crecientes ejecuciones sin proceso como casos de enfrentamientos armados o resistencia propios de una guerra. De este modo se inventa una guerra civil contra el crimen, que encubre los homicidios estatales de jóvenes y adolescentes de barrios precarios de la periferia de grandes urbes.

Además, los desplazamientos de población generados por guerras, violencia y hambre, fuerzan a la emigración ilegal hacia países con mejores niveles de vida, dando lugar a un tráfico de personas que en el camino no raramente son asesinadas o libradas a su suerte. Son numerosos los cadáveres que han quedado en el desierto de Arizona y en el Mediterráneo.

Por otra parte, la violencia generada por la delincuencia organizada provoca brotes de homicidios que, en varios países de la región, incluye zonas donde el estado perdió prácticamente el control territorial. No obstante, toda la renta de esa criminalidad organizada se recicla en refugios fiscales dedicados a prestar ese servicio ilícito, ante la total indiferencia del poder punitivo, en razón de que, junto a la renta de la criminalidad organizada letal, también se recicla en ellos la producida por los macrodelitos económico-políticos del poder y por la evasión fiscal.

  1. Prohibición de tratos crueles y racismo. Obviando la discusión en torno del concepto limitado o amplio de tortura, lo cierto es que resulta ilusorio pensar que la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes[104] tenga vigencia en todo el mundo y, en particular en Latinoamérica.

La Convención Americana establece que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados[105]. Ante la realidad penitenciaria latinoamericana, esta disposición puede considerarse prácticamente una burla, pues buena parte de las prisiones de nuestra región se van deteriorando por efecto de sobrepoblaciones exorbitantes, escasez de personal y de recursos.

El deterioro instituciones carcelario hace que algunas prisiones se acerquen al modelo de guetos, en tanto que otras lo hacen hasta llegar a identificarse con el de campos de concentración (Konzentrationsläger). En ambos casos, se trata de instituciones que fijan roles desviados y cuyo efecto no puede ser otro que la reproducción de delitos.

Cabe agregar que ni siquiera formalmente sería posible dar complimiento a la función manifiesta proclamada en la Convención, dado que –como se dijo-, la mayoría de los presos no son condenados, sino que se encuentran en prisión preventiva de carácter procesal.

En varios de los países con prisiones deterioradas, es notoria la sobrerrepresentación de personas con determinadas características étnicas en la población penal, lo cual, sumado al parejo fenómeno anotado en la letalidad policial, indica una violación racista a la prohibición de discriminación[106].

  1. Garantías procesales. A medida que se resiente la relativa imparcialidad de los jueces –conforme al deterioro que va sufriendo el Estado de derecho-, disminuyen las garantías procesales, poniéndose de manifiesto que muchos habitantes de nuestra región –incluyendo a líderes y dirigentes políticos y comunitarios- ven violado su derecho humano a un proceso equitativo[107]. Llama la atención la reiterada aparición de jueces mediáticos y de otros, que responden a directivas del poder político de turno, como la reaparición del fenómeno de los presos políticos, en función de prisiones preventivas arbitrarias.

Por otra parte, y en forma mucho más amplia, las prisiones preventivas prolongadas y muchas veces arbitrarias, que recaen sobre más de la mitad de la población penal latinoamericana, constituyen también claras violaciones al derecho humano a un proceso penal equitativo, porque es inadmisible que, por esta vía, se ejecute la pena antes de la condena. Sin perjuicio de lo anterior, prisiones preventivas de esa naturaleza afectan también el derecho humano a la libertad personal[108]. Se trata de una triple violación de Derechos Humanos en concurso ideal, porque esas prisiones preventivas, al ser materialmente penas sin condena, están violando el derecho humano a la presunción de inocencia[109].

  1. Trabajo esclavo. La violación a la prohibición de trabajo esclavo o, por lo menos, de trabajo forzado[110], se produce en el mundo actual de diferente manera. Una de ellas es la producción en países subdesarrollados, tercerizándola y, por ende, pagando salarios miserables o de pura subsistencia precaria. Se trata de una forma de explotación de la necesidad a distancia, practicada por transnacionales y, por ende, impune. En buena medida afecta a niños y niñas o adolescentes, lo que viola también otras normas internacionales.

Otra de las formas es la explotación de la situación de necesidad e ilegalidad de los inmigrantes desplazados de sus países de origen, que procuran sobrevivir en el país en que residen sin autorización para trabajar. Mucho peor y con claro compromiso de otros Derechos Humanos, es la combinación del tráfico de personas con la trata de personas para su explotación sexual.

  1. Legalidad penal. La legalidad es quizá el más elemental de los principios del derecho penal de todo sistema republicano[111] y, aunque formalmente no está derogada en ningún orden jurídico de la región, es más que dudoso que se la acate en la realidad.

La reproducción de tipos penales, dada la urgencia y desprolijidad con que se la emprende, suele incorporar tipos penales mal construidos, donde la acción típica no queda claramente delimitada en los términos de una legalidad estricta.

Pero además de este defecto imputable a la legislación, la legalidad se violenta cuando por la profusión de tipos penales, se hace imposible presumir el conocimiento de la ilicitud de la acción por parte de los habitantes, siendo contrario a las garantías procesales la exigencia de una prueba negativa para verificar el desconocimiento respecto de tipos de creación política cuya comprensión requiere en la práctica el manejo de conocimientos especializados.

A los anterior se agrega que las decisiones de los jueces, especialmente al calificar hechos al disponer prisiones preventivas, suelen abusar de interpretaciones extensivas que, en ocasiones, caen directamente en la integración analógica de la ley penal. Poco importa que en otras instancias sea enmendada la calificación, pues la primaria surte efectos punitivos inmediatos.                 8. Vida privada. El desarrollo velocísimo de la tecnología de comunicación permite injerencias abusivas en la vida privada de las personas[112], a lo que se suma la peligrosa autonomización de los servicios secretos o de inteligencia que disponen de esos medios, lo que se manifiesta en la publicidad de registros de conversaciones privadas, registro clandestino a distancia, imágenes captadas sin consentimiento de la persona y sin ninguna trascendencia jurídica importante.

Estas violaciones al derecho humano a la vida privada son impunes y, prácticamente, están acabando con la privacidad, más aún ante la perspectiva de futuros recursos tecnológicos, anunciados para las nuevas generaciones de productos de nanotecnología.

  1. 9. Monopolios mediáticos. La concentración de medios de comunicación en monopolios u oligopolios enormes genera múltiples violaciones a los Derechos Humanos. En principio, se conoce la técnica de destrucción de la reputación de personas y hasta se escriben manuales destinados a explicar el método, al mejor estilo de los conocidos once principios de Göbbels. Virtualmente se logra una estigmatización muy difícil de neutralizar, siendo por completo insuficientes las reglas incluidas en la Convención Americana, sea porque no se las respeta o porque su cumplimiento resulta tardío y parcial. De este modo, esa monopolización lesiona frontalmente el derecho a la honra y dignidad de la persona[113].

Independientemente de lo anterior, esa concentración mediática –impropia de cualquier democracia-, con su creación única de realidad, lesiona materialmente el derecho a la libertad de expresión[114], puesto de nada vale el derecho a expresarse si, al mismo tiempo, se carece de los medios para hacerse oír; pretender lo contrario es como darle a un mudo únicamente la libertad de expresar verbalmente su pensamiento o de exponer sus razones.

Si bien no se sancionan leyes de censura, se viola su prohibición[115] cuando los medios están monopolizados u oligopolizados y las empresas que los concentran disponen a su arbitrio despidos o cese de contratos a los periodistas, quedando únicamente los que responden a las directivas editoriales de los ejecutivos empresariales.

  1. Derecho a la propiedad. El derecho de propiedad y a la propiedad[116] se lesiona tanto cuando arbitrariamente se priva a alguien de bienes como cuando se le impide su adquisición. Si toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, y si ninguna persona puede ser privada de sus bienes, con mayor razón se viola este derecho humano cuando toda una población es privada de estos derechos, en razón de medidas económicas claramente dirigidas a perjudicar la economía de un país, por efecto de macrodelitos económico-políticos por completo impunes y practicados desde el poder del Estado o con su complacencia.

La inmovilización de depósitos bancarios, su virtual pérdida bajo la apariencia jurídica que quiera dársele (por ej., una súbita y brutal devaluación de la moneda) o la confiscación y despilfarro de fondos de previsión social, son casos meridianamente claros de lesión masiva a este derecho humano. La circunstancia de que, con posterioridad al hecho macrocriminal, las medidas se legitimen en función de la necesidad de remontar sus efectos económicos, esta ulterior legitimación -fundada en la necesidad creada por la victimización- no puede restarle el carácter de violación de Derechos Humanos –ni de criminal- al previo hecho delictivo generador de la necesidad.

  1. Conclusión. Este rápido sobrevuelo sobre las más groseras e innegables violaciones a los Derechos Humanos permite concluir ratificando el aserto de que, en el actual momento del poder planetario, los poderes reales se van desplazando al polo opuesto al señalado por los deberes que impone toda la normativa jushumanista.

No se trata ahora de dificultades en el avance realizador de ésta ni de retrocesos eventuales y puntuales, sino que se ejerce un poder planetario precisamente inverso al indicado por el deber ser del derecho internacional de los Derechos Humanos. Nos hallamos ante una pulsión que no es de resistencia sino de regresión contraria al deber ser jushumanista y que, además, incluso en cuanto a la habitabilidad humana del planeta, genera un marco de poder insostenible en el mediano plazo[117].

 

 

  1. Raúl Zaffaroni

Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

[1] Conferencia dictada en el Convegno di Studi Politica Criminale Silvia Sandano, Campidoglio, Roma, 25 de junio de 2018.

[2] Cfr. Silva Sánchez, Jesús María, La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Bs. As., 2006.

[3] Es de rigor citar a Ulrich Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, 2010.

[4] En todos los tiempos se ha pretendido hallar estos límites (así, por ejemplo, Anton Bauer, Die Warnungstheorie nebst einer Darstellung und Beurtheilung aller Strafrechtstheorien, 1830; entre los contemporáneos, Douglas Husak, Sobrecriminalización. Los límites del derecho penal, Madrid, 2013.

[5] Punitivismo (y también neopunitivismo) son expresiones que, en general, designan a la tendencia, mediáticamente impulsada, a procurar resolver todos los conflictos sociales mediante la pena. Puede considerarse un signo de la creciente incapacidad de los Estados actuales de proveer sistemas eficaces de solución de conflictos, dado el debilitamiento de la interacción social (de la sociedad).

[6] Cuando en el lenguaje corriente –y aún técnico- se dice el derecho penal no prohíbe, se hace referencia a la ley penal; cuando se dice el derecho penal no resuelve, se habla del poder punitivo; si se dice el derecho penal no ha estudiado, se habla de los juristas.

[7] En el fondo, no niega todos los datos de la realidad, porque obviamente no puede pasar por alto datos elementales del mundo, como las leyes físicas; lo que en realidad hace todo el idealismo penal, es seleccionar datos, dejando de lado los que le resultan molestos, como son los que hacen a la operatividad real del poder punitivo. De allí que esa selección idealista –que pretende ser técnica y aséptica, siempre responda a una ideología y, peor aún, que pretendiendo ser liberal en realidad sea autoritaria.

[8] V. más ampliamente, nuestro Derecho penal humano, Buenos Aires, 2017.

[9] En nuestra época, muchísimas cuestiones que los penalistas clásicos debían resolver recurriendo al derecho natural, se resuelven en el derecho positivo, en razón de la positivización de los Derechos Humanos y en las propias Constituciones políticas de los Estados.

[10] La extensión no invoca riesgos nuevos, sino que apela a una supuesta mayor gravedad. El recurso es tan antiguo que lo usaron los teóricos de la inquisición para restar valor al llamado Canon Episcopi, que subestimaba el poder de las brujas (cfr. nuestro estudio preliminar a la Cautio Criminalis de Friedrich Spee, Buenos Aires, 2017).

[11] Se opta por las llamadas teorías relativas y, entre ellas, la de la prevención, repitiendo la vieja clasificación de Bauer o, al menos, dándola por tácitamente aceptada.

[12] En nuestra opinión, se ha confundido la naturaleza de los bienes jurídicos al considerarlos como objetos (vida, propiedad, etc.), cuando en realidad son las relaciones de uso o disposición (disponibilidad) de esos objetos. En buena medida nos inspiramos en la tesis de Michael Marx, Zur Definition des Begriffs “Rechtsgut”. Prolegomena einer materialen Verbrechenslehre, Köln, 1972 y, en un plano más general, en la idea de coexistencia de  Sein und Zeit.

[13] Cfr. Hassemer, Winfred, Crítica al derecho penal de hoy, Bs. As., 1997.

[14] Los penalistas llamamos responsabilidad objetiva a toda pretensión de imputar una acción sin dolo ni culpa, pero en el derecho en general, en definitiva, nunca existe una completa responsabilidad objetiva, porque en cualquier rama del derecho, cuando se imputa algo siempre hay una conducta humana.

[15] Hace muchos años que Alessandro Baratta puso de relieve la falsedad de estos efectos –dados como indiscutibles por los penalistas- a la luz de la sociología más tradicional (Criminologia e dogmatica penale. Passato e futuro del modello integrato di scienza penalistica, en La cuestione criminale, Bologna, 1979, pp. 147-183).

[16] Así, conforme al discurso legitimante del totalitarismo financiero (llamado neoliberal), Jakob Mincer y Gary Becker inventaron un ser humano inexistente, cuya conducta responde siempre a costo y beneficio, incluso el delito, o sea, que los hombres y las mujeres se comportarían en toda situación conforme a una supuesta racionalidad de mercado, con lo que la economía explicaría todas las conductas humanas y perderían sentido todas las demás ciencias de la conducta (Cfr. Becker Gary, Human Capital, 2nd edition. Columbia University Press, New York, 1964; The Economic Approach to human behavior, Chicago, 1976).

[17] En el mundo anglosajón este límite legislativo se conoce como el harm principle y su formulación se remonta a John Stuart Mill (en On liberty, 1859). El harm principle es atacado por los juristas antiliberales anglosajones, conocidos como paternalistas y que, en realidad, son preiluministas, pues intentan poner en cuestión una de las conquistas más importantes de la modernidad, respecto de la que se señala a Christian Thomasius como pionero (cfr. Hans Welzel, Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Göttingen, 1962, p. 164), profundizada luego por Kant y por los primeros trabajos de juventud de Feuerbach (Anselm v. Feuerbach, Anti-Hobbes. O sobre los límites del poder supremo y el derecho de coacción del ciudadano contra el soberano, Buenos Aires, 2010).  

[18] Esta era la idea originaria y limitadora de Feuerbach, reelaborada por Birnbaum en 1834, que prefirió inventar la expresión bienes jurídicos en lugar de derechos. Sobre esto, Guzmán Dalbora y Vormbaum en la reedición de los trabajos de Birnbaum, Zwei Aufsätze, Über das Erforderniss einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens (1834); Bemerkungen über den Begriff des natürliches Verbrechens (1836), 2011.

[19] Esta pirueta lógica permitió que se lo manipulase hasta privarlo de toda función limitadora (como hicieron entre otros Schwinge, Zimmerl, Mezger en tiempos del nazismo) y, además, esa confusión lo convirtió en una concepto oscuro y vulnerable, abriendo el camino para su negación (Dahm y Schaffstein). Los detalles de los sucesivos y complejos conceptos que se generaron a partir de este salto lógico, se sintetizan en muchísimas obras muy bien documentadas, como por ejemplo la de Miguel Polaino Navarrete, El bien jurídico en el Derecho Penal, Universidad de Sevilla, 1974, o la más reciente de Gonzalo D. Fernández, Bien jurídico y sistema del delito, Montevideo-Buenos Aires, 2004; la discusión actual en Alemania: Roland Hefendehl, La teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego a abalorios?, Madrid-Barcelona, 2007.

[20] De esto se había percatado Bauer hace casi dos siglos, por lo cual distinguió entre conminación y ejecución de la pena, dando por tutelado el bien jurídico con la mera avertencia (Warnung) de la conminación (op. cit.).

[21] Esto permitió la estatización de los bienes jurídicos, que puede considerarse como parte del derecho penal del fascismo. La reacción liberal italiana a la estatización de los bienes jurídicos fue obra principalmente de Giuseppe Bettiol, que en la posguerra propuso directamente la vuelta al Codice Zanardelli. La doctrina italiana actual deduce el principio de ofensividad del principio del estado constitucional de derecho de la Constitución de la Republica de 1947 (por ejemplo, Fiandacca-Musco).

[22] Es una consecuencia de la función sancionatoria y no constitutiva del derecho penal, que puede verse con claridad desde Binding. El derecho penal recibe los bienes jurídicos que, por definición, deben ser tutelados, porque de lo contrario no serían tales.

[23] No es concebible un tipo penal que conmine cualquier conducta que ofenda un bien jurídico. Todos seleccionan sólo algunas de las conductas ofensivas.

[24] Algunos títulos de los códigos penales, que responden a meras necesidades de ordenación, suelen confundirse con bienes jurídicos, como por ejemplo, fe pública, seguridad pública, etc. En el plano real cada conducta típica es pluriofensiva (el hurto del automóvil del taxista afecta su salario y puede incidir sobre la educación de sus hijos). En el plano jurídico se selecciona una o algunas de las afectaciones.

[25] El  conectivo entre el injusto y la pena, que el positivismo lo hacía por la peligrosidad, en función de un cálculo estadístico (en el mejor de los casos) en miras a un posible futuro, se reemplaza restituyendo en su lugar a la culpabilidad, pero el cálculo estadístico se traslada al tipo y se objetiva mirando hacia un posible pasado, en la forma de presunción de peligro.

[26] Otra legitimación del peligro abstracto suele buscarse considerándolo un peligro de peligro para el bien jurídico. Confiesa de esta forma la lejanía del acto respecto de la lesión, que se pone de manifiesto de modo intolerable cuando se admite la tentativa para estos tipos: un supuesto peligro de peligro de peligro.

[27] V. Roland Freisler, Willensstrafrecht:Versuch und Vollendung, en Franz Gürtner (ed.), Da kommende Strafrecht, Allg. Teil, Berlin, 1935.

[28] El caso histórico más elocuente de peligro abstracto se remonta a la ley imperial romana, que penaba la fabricación de telas púrpura, pues era el color imperial y, por lo tanto, generaba una presunción de peligro de golpe de Estado, en tiempos en que los generales romanos se derrocaban entre ellos y se vestían de emperadores.

[29] En parte también se legitima el punitivismo en base a la vieja tesis de que cuando más difícil es penarlo, mayor debe ser la pena amenazada, para que ejerza más poder de contención.

[30] De este modo se desarticula la arquitectura de cualquier código penal, pues las supuestas necesidades de prevención o intimidación pública no responden a la jerarquización de las lesiones a bienes jurídicos, sino a pretendidas necesidades policiales de los Estados.

[31] Sobran en la legislación penal comparada los ejemplos de delitos más penados contra la propiedad que contra la vida, por ejemplo.

[32] En cuanto a jerarquización de bienes jurídicos, hay cierto orden que se deriva de las Constituciones y del derecho internacional de los Derechos Humanos, aunque también de la naturaleza de las cosas: con la vida nace y se extingue todo derecho.

[33] En general, se emplea en algunos casos en que se suele emplear el confuso concepto de organized crime (drogas, pornografía infantil), aunque no en todos ellos.

[34] Por vía del peligro que implica que algún tenedor para su consumo se convierta en un expendedor o en que bajo los efectos del tóxico cometa algún delito, se está prohibiendo el consumo mismo de algunos tóxicos (aunque no del más criminógeno, que es el alcohol), lo que es claramente una cuestión de incumbencia de la moral individual.

[35] Es empíricamente verificable, con el resultado paradojal del punitivismo en materia de tóxicos prohibidos. Desde la prohibición alcohólica norteamericana de hace un siglo hasta hoy, no ha hecho más que expandir su uso y generar más delincuencia organizada altísimamente lesiva de la vida de miles de personas.

[36] Piénsese en una eventual punición de cualquier comprador de productos falsificados o reproducidos ilegalmente (registros musicales, libros que se sustraen al pago de derechos autorales, prendas de marca y cualquier producto producido en violación de las leyes de patente).

[37] Entendida como recopilación, ordenación o colección en el sentido justinianeo, por lo que se hizo necesario acudir a la recopilación en casos en que la legislación alcanzó un estado extremadamente caótico. Como ejemplo histórico cabe recordar el caso de Brasil a comienzos de los años treinta, que se vio obligado a sancionar la  Consolidação das leis penais, Aprovada e adotada pelo Decreto n’ 22.213 de 14 de Dezembro de 1932 (en José Henrique Pierangelli, Códigos Penais do Brasil, Evolução histórica, Bauru, 1980, 319 y ss.).

[38] No es raro hallar casos de doble tipificación de la misma conducta. En otros, no se sabe con certeza cuál es el texto vigente, dado que no hay ediciones oficiales actualizadas, por lo que incluso los jueces se manejan con ediciones comerciales de los códigos y leyes penales.

[39] Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21, che ha inserito nel codice penale il “principio della riserva di codice” (“«Art. 3-bis c.p. – Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”). La Constitución argentina (art. 75, inc. 12) imponme al Congreso Nacional dictar un código penal, por lo que el principio de reserva de código está establecido en ella desde siempre, aunque también desde siempre se lo ha desconocido y se crean desordenadamente tipos penales en leyes especiales y extravagantes.

[40] V. en sentido crítico, José Luis Díez Ripollés, El derecho penal simbólico y los efectos de la pena, en “Boletín Mexicano de Derecho Comparado”, UNAM, nº 103; del mismo La política criminal en la encrucijada, Buenos Aires, 2007.

[41] No puede considerarse a Habermas como garante de esta teoría.

[42] No es la vieja teoría de la advertencia, pues ésta estaba condicionada por la adecuación al fin y al derecho, que la limitaban y no toleraban la mediatización del ser humano.

[43] La teoría clásica de la advertencia asignaba esta función sólo a la conminación, para eludir la objeción de mediatización de la persona.

[44] No queda muy clara la diferencia con la teoría de la coacción psicológica de Feuerbah.

[45] No debe confundirse con un eventual e imaginario poder de la sociedad, expresión que confunde sociedad y Estado parta legitimar la mera voluntad estatal o incluso de los poderes fácticos que manejan los medios de comunicación.

[46] Tesis de Günther Jakobs, sostenida con algunas variantes desde hace más de tres décadas (cfr. su Derecho Penal, Parte general, Madrid, 1997).

[47] No es difícil percibir en esta elaboración una vuelta al hegelianismo, aunque la terminología remite al funcionalismo sociológico de Niklas Luhmann. No parece compatible con ninguna teoría sociológica su subestimación de cualquier verificación empírica en el plano de la realidad social.

[48] Esta supuesta lesión por eventual generalización suele argumentarse en cuestiones tan diferentes como el consumo de tóxicos (si todos fumasen marihuana) o en posibles afectaciones al medio ambiente (si todos orinasen en el rio).

[49] Recuérdese –como nota curiosa- que cuando Feuerbach se encontró en la necesidad política de legitimar la punición de la sodomía (porque las condiciones políticas no le permitían derogarla, como había hecho el código de Napoleón), inventó como argumento que de generalizarse acabaría con la especie humana (Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, Giessen, 1847, p. 738). Imagínese alucinadamente que toda la población se decida sólo a cuidar su cuerpo y se dedicase únicamente a hacer gimnasia y masajearse diez horas por día.

[50] Günther Jakobs – Manuel Cancio Meliá, Derecho penal del enemigo, Madrid, 2003.

[51] Se trataría de privaciones de libertad de mera contención, algo así como las que se destinarían a los inimputables conforme a los principios de los penalistas hegelianos del siglo XIX.

[52] En este sentido difiere del concepto de enemigo de Carl Schmitt (El concepto de lo político, México, 1985), aunque la mención del enemigo fue quizá lo que causó escándalo. Se ha dicho que, de no haberse empleado esa expresión, quizá hubiese pasado casi desapercibido, lo que no carece de cierto sentido.

[53] Sobre esto, extensamente, nuestro El enemigo en el derecho penal, Madrid, 2007; también, Friedrich Spee: el padre de la criminología crítica, estudio preliminar cit.

[54] V. Jesús Maria Silva Sánchez, op. cit.

[55] Por todos, la división de crímenes, delitos y contravenciones del art. 1º del Código de Napoleón (Code Pénal, Édition originale et seule officielle, París, de l’Imprimerie Impériale, 1810), corresponde a la alemana Verbrechen, Vergehen und Übertretungen.

[56] No en vano en muchos de los países latinoamericanos las policías se reservan el derecho de imponer penas contravencionales, como de disponer detenciones para supuestos fines de identificación. Son formas menores de punición manifiestas o encubiertas, como expresión de un poder punitivo de alta significación en la sociedad, que habilitan un enorme control y vigilancia sobre las clases peligrosas del viejo Fregier (cfr. Frégier, Des clases dangereuses da la population dans les grandes villes, Bruselas, 1840; también nuestro Las clases peligrosas: el fracaso de un discurso policial prepositivista, en “El penalista liberal, Homenaje a Manuel de Rivacoba y Rivacoba”, Buenos Aires, 2004).  

[57] El Estado de derecho, entendido como el igual sometimiento de todos a la ley, es un modelo ideal, contra el que siempre pulsiona el Estado de policía, como modelo en que todos están sometidos por igual al poder del que manda. Dentro de todo Estado de derecho real queda encerrado un Estado de policía que pulsiona por salir, cuya contención corresponde fundamentalmente a los jueces.

[58] La tarea de selección criminalizante secundaria no es judicial sino policial. Los jueces tienen el poder de decidir si el proceso de criminalización secundaria puesto en funcionamiento por la policía se interrumpe, avanza o se detiene temporalmente.

[59] Más de la mitad de los presos de Latinoamérica no están condenados, lo que importa una inversión del proceso penal, que proviene de larga data (cfr. Elías Carranza, Luis Paulino Mora, Mario Houed, E. Raúl Zaffaroni, El preso sin condena en América Latina y el Caribe, ILANUD, San José, Costa Rica, 1983; 2ª edición, San José, 1991).

[60] La pretensión de asimilar la prisión preventiva a las medidas cautelares del proceso civil pasa por alto que ésta es siempre patrimonial y que puede exigirse una contracautela para el caso en que resulte indebida, en tanto que la privación de tiempo de vida (existencia) nunca puede repararse en la misma especie ni acompañarse de ninguna contracautela.

[61] La prisión preventiva nunca pudo ser satisfactoriamente legitimada por los procesalistas. Se impone como necesidad, pero no puede negarse su carácter de pena sin condena, que lo reconocieron y legitimaron las ideologías totalitarias de entreguerras, pero que se niegan a reconocerlo los procesalistas liberales, con lo cual indirectamente la habilitan, porque el desconocimiento de su naturaleza de pena conspira contra su necesaria excepcionalidad y permite que se la convierta en regla.

[62] V. nuestro El enemigo en el derecho penal, cit.

[63] Cfr. Edwin H. Sutherland – Donald R. Cressey, Criminology, New York, 1978, p. 81.

[64] Cfr. Denis Chapman, Lo stereotipo del criminale, Torino, 1971.

[65] Cfr. Zaffaroni –  Alagia – Slokar, Derecho Penal, Parte General, Bs. As., 2000, pp. 661 y ss.

[66] En varios países de América Latina se está produciendo un fenómeno de criminalización de opositores mediante connivencia y manipulación judicial.

[67] Se trata de un fenómeno común a todos los sistemas autoritarios y totalitarios (cfr. nuestro, Doctrina penal nazi, Valencia, 2017, p. 33).

[68] Fueron más de cuatro millones los damnificados en Estados Unidos en la mega-estafa de 2008, que derivó en crisis mundial. Sobre esto y el carácter criminal de la especulación, Juan S. Pegoraro, Los lazos sociales del delito económico y el orden social, Bs. As., 2015, p. 390

[69] Se producen en especial mediante la contratación de deudas siderales a altísimos intereses. Si el administrador de los bienes de un incapaz contratase créditos leoninos, además de anularse el contrato por usurario, sería condenado por administración fraudulenta, o sea, el tipo penal de la Untreue o infidelidad de los alemanes

[70] El obrero de un país subdesarrollado puede ganar unos 13 dólares por día, mientras en los Estados Unidos se pagan 25 dólares por hora (Cfr. Mariano Aguirre, Salto al vacío, Barcelona, 2017, p. 50). Se explota a distancia mano de obra esclava, incluso de niños (y sobre todo niñas), lo que denuncian las ONGs (al respecto, el Centre for Research on Multinational Corporations y el Committee of the Netherlands, ONG holandesa que lleva adelante la campaña Clean Clothes).

[71] La Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) en su informe de diciembre de 2014, señala que entre 1999 y 2014 se registraron más de 400 casos en todo el mundo que implican a empresas o individuos de los 41 países signatarios de la Convención de la OCDE contra el Cohecho (Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales). La mayoría de los casos se concentraron en el sector extractivo (19%), de la construcción (15%); de transporte y almacenamiento (15%) y de información y comunicaciones (10%). Sobre los sobornos en el caso “Siemens”, Pegoraro, Juan S., op. cit., p.115.

[72] El GAFI, organismo internacional que, aunque carece legamente de competencia, encubre este servicio ilícito e impone a los Estados subdesarrollados la sanción de tipos penales bajo amenaza de tasar sus transferencias bancarias (cfr. Bailone, Matías, El antiterrorismo y su impacto sobre los Derechos Humanos a propósito de la ley 26.268, en Infojus, SAI, Ministerio de Justicia, Bs. As., 2007); sobre el impacto de la defraudación fiscal reciclada, Gabriel Zucman, La riqueza escondida de las naciones, Barcelona, 2015.

[73] Cfr. Wolfgang Naucke, El concepto de delito económico-político, Una aproximación, traducción y estudio preliminar de Eugenio Sarrabayrouse, Madrid, 2015. La discusión acerca de la crisis de 2008 y las distintas opiniones en cuanto a la criminalización, en B. Schünemann (comp.), Die sogennante Finanzkrise – Systemversagen oder global organisierte Kriminalität?, 2010; Kempf / Lüderssen / Volk (comps.), Die Handlungsfreiheit des Unternehmers, 2009.

[74] Desde hace años se observa que los monopolios mediáticos generan indiferencia frente a estos y otros daños colosales (así, Simon Pemberton, A theory of moral indifference: Understanding the production of harm by capitalist society, en “Beyond Criminolgy. Taking harm seriously”, editado por Paddy Hillyard, Christina Pantazis, Steve Tombs and Dave Gordon, Londres, 2004, p. 67; Stanley Cohen, Human Rights and crimes of the State: the culture of denial, en “Australian and New Zealand Journal of Criminology”, 1993, p. 97; reproducido en “Criminological Perspectives. Essential Readings”, editado por MacLaughlin, Muncie, Hughes, Londres, 2005, p. 542; del mismo, States of Denial.Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, Oxford, 2001 (hay traducción castellana: Estados de negación. Ensayo sobre atrocidades y sufrimientos, Buenos Aires, 2001).

[75] El Clean Power Plan instalado por Obama para controlar emisiones provenientes del carbón fue prácticamente derogado por Trump, recortó un tercio del presupuesto a la Agencia del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency; EPA), lo que Bush no pudo hacer por impedírselo la Suprema Corte. Además, la puso a cargo de un escéptico en la materia. También canceló las medidas de Obama que limitaban la explotación de petróleo en el Ártico. El Tea Party (organización de derecha radical, formada principalmente por periodistas no universitarios) sostiene que la cuestión del medio ambiente es poco menos que un complot de la ONU para derrocar al gobierno de USA (cfr. Jesús Velasco, La derecha radical en el partido republicano, Sgo. de Chile, 2016) y permitir que Obama impusiera una dictadura islámica.

[76] La incidencia del subdesarrollo económico en la producción del delito se destacó en todos los tiempos, aún por los criminólogos más tradicionales (por ej., Manuel López-Rey, Criminología, Madrid, 1975, T. I, p. 143).

[77] Algunos países latinoamericanos tienen el mayor índice de homicidios del mundo, lo que coincide con los mayores coeficientes de Gini (indicadores de la disparidad en la distribución de la riqueza). Puede considerarse que se está produciendo un genocidio por goteo .

[78] Es sabido, en particular desde las investigaciones de Foucault, que el control social no se ejerce tanto por la represión y prisionización, sino por la vigilancia, aunque la prisionización multiplica la delincuencia común que es necesaria para que se produzca el reclamo de mayor vigilancia.

[79] Como consecuencia de este descontrol se cometen verdaderos crímenes contra la humanidad, como la desaparición forzosa de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2015. En los últimos años se observa que el control de las policías es uno de los problemas fundamentales en nuestra región (cfr. Julita Lembruger – Leonarda Musumeci – Ignacio Cano, Quem vigia os vigias? Um estudo sobre controle da policía no Brasil, Rio de Janeiro, 2003; Norberto R. Tavosnaska, Seguridad y política criminal, Buenos Aires, 2006; Peter Waldmann, El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina, Caracas, 2003, págs. 111 y sgts.).

[80] V. supra, III, 2.

[81] Cfr. Luigi Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, Laterza, 2018.

[82] Cfr. Michelle Alexander, A nova segregação, racismo e encarceramento em massa, São Paulo, 2017.

[83] Jessé Souza, A elite do atrasso da escravidão à lava jato, Rio de Janeiro, 2017; del mismo y otros, A ralé brasileira, Quem é e como vive, São Paulo, 2018.

[84] Se trata de jerarquizar culturas al estilo de la filosofía de la historia de Hegel, pero cabe advertir que no guarda ninguna relación con el culturalismo antropológico de Franz Boas.

[85] Sobre la clásica distinción entre funciones manifiestas y latentes, Robert K. Merton, Teoría y estructura sociales, México, 1970.

 

[86] En algún país latinoamericano la criminalidad organizada violenta se combina con policías corruptas extremamente autonomizadas y el Estado pierde localmente su poder de control.

[87] La violencia real o creada mediáticamente (depende de casa Estado) legitima el control represivo.

[88] Cfr. nuestro El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, Buenos Aires, 2015.

[89] Cfr. Hans-Peter Martin–Harald Schumann, Die Globalisierungsfalle, Hamburg, 1996.

[90] Mediante un ajuste que importa una reducción del gasto público en todo lo que no sea seguridad, flexibilización laboral (derogación de leyes laborales), reducción de jubilaciones y pensiones, reducción de recursos en educación, salud, planes sociales, investigación, etc.

[91] Con el pretexto del derecho a la libertad de expresión, paradojalmente, se la cancela mediante la monopolización u oligopolización de medios de comunicación masiva, es decir, imponiendo una única creación de realidad y un único discurso.

[92] Los empresarios de los medios monopólicos seleccionan a los periodistas según su disposición a someterse a las directivas del discurso político editorial del monopolio.

[93] A lo antes anotado debe agregarse el fortalecimiento y la autonomización de los servicios secretos o de información o inteligencia estatal que, incluso tercerizan ilícitamente sus servicios y se someten a sus similares de países sede de las transnacionales.

[94] Es alarmante el modo en que algunos sectores de jueces se prestan a la persecución y encarcelamiento de opositores o molestos a los poderes reales.

[95] A través de la ilusión de superioridad y de la alucinación de que todo lo obtenido (muchas veces demasiado escaso) obedece a mérito y esfuerzo propio, como si el resto de la sociedad no existiese, se destruye toda posible actitud solidaria y fraterna.

[96] Se las estimula a reforzar una alucinada superioridad de clase, como reafirmación de identidad propia, a medida que se hunden económicamente, en una suerte de condicionamiento esquizofrenizante.

[97] Esta diferencia, al menos en los países que no registran la cicatriz esclavócrata, se construye con imitaciones de refinamiento y sensibilidad que son fácil materia de ridiculización.

[98] El poder manipulador se maneja desde el siglo pasado con las técnicas de publicidad (ver: Eric Clark, La publicidad y su poder, Las técnicas de provocación del consumo, México, 1989), que cobran particular importancia a partir de la conversión de la política en un espectáculo (ver el libro pionero de Roger-Gérard Schwartzenberg, O Estado espetáculo, Sao Paulo, 1978). La proyección de la violencia en los medios no es inofensiva, reconoce un aspecto reproductor al menos por banalización y su dimensión es brutal (ver: C. Fernández Villanueva – J.C. Revilla (coord.), Violencia en los medios de comunicación, ed. castellana de “Politiques Sociales”, febrero de 2007. El poder de los medios como instrumento de dominación es algo que se estudia desde hace décadas (por todoa: Javier Esteinou Madrid, Los medios de comunicación y la construcción de la hegemonía, México, 1983).

 

[99] La más difundida de las guerras imposibles es la guerra al terrorismo que, por definición, no es un enemigo, sino una táctica cobarde y de extrema crueldad, pero ningún blanco por sí mismo.

[100] Cfr. al respecto nuestro Doctrina penal nazi, La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, Valencia, 2017.

[101] Contribuye a esto la subestimación de los estudios históricos del derecho penal y de la criminología. Si bien en los últimos años se les asigna importancia, se los considera materia de historiadores y se los trata de aislar del análisis del derecho penal mismo. La dogmática penal idealista tiende a encapsularse y, por ende, a subestimar no sólo la historia sino –lo que es más grave- también la filosofía penal.

[102] V. la discusión doctrinaria y jurisprudencial en torno del artículo 26º de la Convención Americana (Christian Steiner/Patricia Uribe (Editores), Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comentario, Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pp. 665 y ss.) y la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[103] Art. 4º de la Convención Americana; art. 2º de la Europea.

[104] Arts. 5º de la Convención Americana; 5º de la Europea.

[105] Art. 5º nº 6 de la Americana.

[106] Arts. 24º Americana; 14º Europea.

[107] Art. 8º Americana; 6º Europea.

[108] Art. 7º de la Convención Americana; 5º de la Europea.

[109] Art. 8º, nº 2 Americana; 6º nº 2 Europea.

[110] Art. 6º Americana; 4º Europea.

[111] Art. 9º Americana; 7º Europea.

[112] Art. 11º Convención Americana.

[113] Art. 11º Americana; 8º Europea.

[114] Art. 13º Americana; 10º Europea.

[115] Art. 13º Americana.

[116] Art. 21º Americana.

[117] Hay regiones que ya están especialmente en riesgo y, más allá de cualquier predicción catastrófica, lo cierto es que el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista, porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana: “Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas” (Carta Encíclica Laudato si’, nº 61).

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