El legado histórico de Salvador Allende, en el aniversario de los 42 años del golpe y de las luchas por la democracia y los derechos.

Por Alberto Filippi

El aniversario del golpe en Chile de 1973, es decir del 11 de septiembre de este año ha sido, por diversas razones, muy especial en la Argentina. Ante todo, porque coincidió con la realización en el Teatro Cervantes de Buenos Aires del Congreso internacional sobre “Jurisdicción Universal en el siglo XXI”, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, constituida por el encomiable e incansable juez español, para la promoción, desarrollo y defensa del ejercicio, a nivel mundial, de los derechos fundamentales. En efecto, el reconocimiento reciente de la aplicación universal de los derechos humanos, se dio en ocasión de la invocada reparación a las víctimas del golpe de estado contra el gobierno constitucional de Allende, llevado a cabo por los militares, comandados por el infame, traidor y genocida, Augusto Pinochet.

Recordemos que en octubre de 1998 el abogado Joan Garcés (quien fuera uno de los principales asesores y colaboradores del presidente chileno hasta septiembre de 1973) al enterarse en Madrid de que Pinochet había viajado desde Santiago a Londres, avisa al juez Garzón, quien el 16 de octubre de ese año solicita su arresto a las autoridades británicas —invocando, principalmente, la jurisdicción universal— para proceder a su extradición. Lo que hasta entonces parecía un sueño de reparación y justicia se volvía realidad.

El Congreso que se realizó en estos días en Buenos Aires —con la participación, entre otros de Joan Garcés, del juez de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, y de Paulo Abrao, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur— ha tenido como objetivo impulsar la elaboración de una nueva propuesta de “Principios de Jurisdicción Universal”, para actualizar las experiencias precedentes (como la creación por la iniciativa de las Naciones Unidas de la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998) ampliando el ejercicio en toda la comunidad internacional de la lucha en contra de los crímenes de lesa humanidad y la persecución de los mismos con el fin de evitar la impunidad de los perpetradores.

El otro hecho especialmente significativo ha sido el reciente nombramiento, por parte de la presidenta Michelle Bachelet, del jurista José Antonio Viera-Gallo como embajador de Chile en la Argentina, quien fuera viceministro de justicia del presidente Allende en los años cruciales de las reformas jurídicas de la transición al socialismo, ciclo que quedó brutalmente interrumpido, pero que dejó hasta el día de hoy la herencia de una de las más importantes: la nacionalización de la minería del cobre, implementada con la contribución fundamental de otro insigne jurista, Eduardo Novoa.

Les añado que, en ocasión de este último aniversario del 11 de septiembre, se realizó un homenaje al pueblo chileno y a la dignidad de su presidente en la Cámara de Diputados de la Nación, organizado por Oscar González, José Rivas y Guillermo Torremare, en el cual José Antonio Viera-Gallo —que ha sido uno de los dirigentes más relevantes del exilio y de los dificilísimos inicios de la transición— pronunció su primer discurso en la Argentina como embajador del hermano país.

En su evocación histórica, sostuvo que si hoy en día recordamos la singular experiencia política dirigida por Salvador Allende, es para reafirmar los valores y principios que la inspiraron más allá de los avatares políticos que condujeron al golpe militar. Recordó que Benedetto Croce —el filósofo que se opuso a la dictadura de Mussolini— afirmaba que cada vez que evocamos el pasado, lo hacemos con un propósito admonitorio respecto de la evolución de los acontecimientos futuros. El sufrimiento provocado por la dictadura militar suscitó una reacción tan fuerte a nivel mundial, generando uno de los mayores movimientos de solidaridad, sólo comparables a los que produjo la guerra civil española y la guerra de Vietnam, cuyo efecto duradero ha sido la afirmación de los derechos humanos como núcleo ético, jurídico y político que debe servir de orientación de la vida internacional y de legitimación para los Estados.

También – sostuvo Viera-Gallo – más allá de las conquistas de Unidad Popular – como la nacionalización del cobre, la reforma agraria, una política exterior sin fronteras ideológicas y un movimiento fuerte de creatividad e identidad cultural -, la experiencia chilena deja como enseñanza que los cambios para ser perdurables deben ser apoyados por amplias mayorías y ponerse en práctica en forma progresiva.

En efecto, recién en estos últimos años hemos podido valorar, con mayor claridad, como desde el primer día de su gobierno hasta el último, la obra de Allende tuvo en la elaboración, aplicación y extensión de los derechos fundamentales y de las conquistas sociales para las grandes mayorías del pueblo chileno, uno de los ejes esenciales de su mandato, hasta culminar con la propuesta de una reforma constitucional, por medio de un proceso constituyente que actualizara y potenciara las instituciones de la democracia chilena.

Es sobre aquellos años -y luego de la tragedia del golpe y de los exilios marcados por la ardua tarea de la reconstrucción democrática- que quiero hacer memoria  – aquí, para los alumnos de la Escuela del Servicio de Justicia- con especial referencia a mis antiguos amigos Joan Garcés y a José Antonio Viera-Gallo, que cuando nos conocimos en Santiago en abril de 1971, teníamos menos de treinta años y la firme convicción de poder realizar la utopía concreta de las reformas jurídico-políticas que hicieran avanzar a la democracia institucional en Suramérica, o, para decirlo con el lenguaje de la época que fuera posible por las mismas vías legales, ir realizando “el uso alternativo del derecho”. [1]

  1. El derrumbe de las reformas con el golpe en Brasil y apoyo de Allende a Goulart y al pueblo brasilero.

También vale la pena que los ubique diciendo que la coyuntura de aquellos años, estuvo marcada por el temor que se tenía, dentro y fuera de Chile, de que las derechas intentaran repetir el golpe que habían dado en 1964 en Brasil, para impedir que se realizaran las políticas progresistas realizadas por el gobierno del presidente Joao Goulart.

 

Allende tenía bien en claro la trascendencia de lo que pasaba en Brasil, la nación sudamericana que en ese entonces más había avanzado en reformas sociales en favor de la clase media y de los sectores populares y para la defensa de la economía nacional y que además tenía un gran número de dirigentes políticos e intelectuales exiliados en Chile. En gran medida, las políticas reformistas que habían llevado adelante Juscelino Kubitcheck y João Goulart, estaban en sintonía, y hasta concordancia, con varios de los puntos centrales de su programa de gobierno para Chile.

 

Políticamente consciente de esas esenciales y estratégicas analogías entre el pasado reciente de Brasil y el futuro cercano de la acción reformista en Chile, Allende intervino con gran vigor sobre estos temas en su discurso en el Senado del 6 de Enero de 1965, que conocemos con el título “Persecuciones políticas en Brasil”. El centro de su intervención consistió en denunciar a los golpistas por haber violado la Constitución y la legalidad con las cuales Goulart había contado para llevar adelante sus reformas. Era el respeto de la democracia institucional, lo que Allende exigía en esa alocución en solidaridad con la resistencia brasilera. El suyo era un debido y preocupado llamado de alerta: ¡Atención: hoy en Brasil, mañana en uno de nuestros países, no debemos permitir que se rompan “los diques de la Constitución y de la ley! “.

 

Al fin de cuentas: ¿por qué habían combatido la legalidad constitucional y depuesto a Goulart? Porque, “en realidad —explicó Allende a sus colegas senadores— el presidente de Brasil quiso hacer enmiendas dentro de los cauces legales, con el fin de luchar contra la inflación y para planificar el desarrollo económico del país, con profundo sentido nacional. Pero como, indiscutiblemente, hería los intereses de las multinacionales y de la oligarquía reaccionaria brasileña, estos sectores se unieron para desatar una campaña increíble —denunciaba— motejando al gobierno de Goulart de “comunista y romper así los diques de la Constitución y de la ley”. [2]

 

Esta conexión entre la situación brasileña que precede al golpe de 1964 y el futuro de la democracia y la transición al socialismo en Chile, y el impacto que ambos acontecimientos tenían en la opinión pública europea es uno de los temas registrados en conversaciones primero y en las cartas después que nos cruzamos con el entonces joven viceministro de Justicia del gobierno de Allende, José Antonio Viera-Gallo, que como ya dije había conocido en 1971 al ser invitado por el presidente Allende a la “Operación Verdad”, junto a otros europeos llamados a conocer el inicio de las actividades del gobierno de Unidad Popular.

 

Lo que entonces se llamaba “la vía chilena al socialismo” tenía mucha repercusión en Europa, y especialmente en Italia. Se entendía que el gobierno de Allende era el resultado de una confluencia cultural y una alianza entre fuerzas políticas que iban desde los socialistas a los católicos, desde los comunistas a los radicales. Amplitud de alianzas de las diferentes fuerzas democráticas representadas simbólicamente en el imponente acto (al que asistimos con enorme participación) del “primero de mayo” del gobierno de Unidad Popular, en presencia de las organizaciones sindicales, los partidos políticos, los movimientos estudiantiles y, en el cual al centro del gran estrado, estaban sentados el “compañero presidente” Allende al lado del cardenal, el salesiano, Raúl Silva Henríquez.

 

Potenciar la democracia, ampliando sus instituciones representativas, en la perspectiva de una legalidad socialista era el apasionante tema de muchos de los intercambios de ideas entre europeos, chilenos y latinoamericanos que nos encontrábamos en esos días en Santiago.  Fue en esa oportunidad que tuve (siendo recién nombrado profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Camerino) encuentros con los colaboradores de Allende, Joan Garcés, Darcy Ribeiro y el propio Viera-Gallo, para concebir el seminario internacional de estudios sobre una de las cuestiones decisivas para todos los socialistas de la época y para los programas del gobierno de la Unidad Popular: “Derecho y Socialismo”. [3]

 

En efecto, el 29 de mayo ya de regreso a Roma y habiendo conversado con Lelio Basso, y con los colegas Guido Calvi, Luigi Ferrajoli y Alessandro Baratta, le escribía a Viera-Gallo, “en la semana próxima formaremos un grupo de trabajo sobre Chile  compuesto por juristas, teóricos del  marxismo, filósofos del derecho y jueces (unas 10 personas) para coordinar tres tipos de actividades teóricas de italianos y europeos para realizar una antología que se intitulará Contribuciones marxistas en honor al Chile socialista (…), 2) Organizar una antología de los trabajos de ustedes; aquellos que consideren publicables en Italia, para darle difusión a la problemática de las vías legales al socialismo, y en última instancia, difundir la revolución chilena en Italia y en Europa; 3) Finalmente, se podría pensar, como objetivo más ambicioso, en la realización de un encuentro en Santiago para el final de este año o comienzos de 1972 (con las universidades, con los sindicatos, con los jueces, con los estudiantes), de un grupo de compañeros chilenos, latinoamericanos y europeos, para discutir, divulgar y profundizar estos aspectos de la vía chilena en dirección al socialismo y de la problemática de la legalidad socialista. Ello —añadía en mi carta a José Antonio— podría tener una importancia enorme para nosotros y para la difusión continental e internacional de la vía chilena al socialismo que, en este momento y sobre todo en Italia, tiene una importancia política de primera magnitud”.

 

El 21 de junio de 1971, Viera-Gallo, me respondía: “Dando vuelta a la idea que propones de un encuentro de especialistas que podría hacer lugar a fines de este año, hemos llegado a la conclusión de que podríamos organizar un Seminario internacional sobre Derecho y socialismo. Allí habría oportunidad de discutir los diferentes temas legales que inciden en la construcción del socialismo y, como resultado, podría sacarse una publicación que obviamente tendría gran difusión”.

 

Y proponía acertadamente Viera-Gallo, “Quisiéramos que este Seminario saliera de los moldes tradicionales, de tal manera que no solo tuviese sesiones ad intra, sino que también contemplase la posibilidad de contactos de los  participantes con los frentes de masas —trabajadores, campesinos, pobladores, estudiantes, etc. — y con los organismos nacionales relacionados con el derecho: jueces, escuelas de derecho, institutos de investigaciones, etc. Pensamos que el mes de noviembre próximo sería el más indicado. Podría durar unos 15 días.”

 

Y concluía: “En este momento estamos elaborando un plan que espero someterlo a la consideración de Allende y, si lo aprueba en principio, se los envío para que empecemos a concretar la iniciativa. Ustedes, mientras tanto, podrían ir pensando en lo mismo, enviarnos ideas sobre el temario e indicarnos nombres europeos que podrían participar en un encuentro de esta naturaleza”.[4]

 

Seminario que —con la esperada presencia del reconocido dirigente del socialismo italiano, el senador Lelio Basso en su primer viaje a Santiago— se llevaría a cabo en Octubre de ese año, con la colaboración del Istituto per lo studio della Società Contemporánea, del Centro de Estudios sobre la Realidad Nacional —de la Universidad Católica de Chile—, y del Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile, coordinados, respectivamente, por Manuel Antonio Garretón y Theotonio dos Santos.

 

Décadas después, con lo que ahora sabemos —¡si bien aún falta mucho por conocer!— sobre el Plan Cóndor y la acción permanente de subversión y terrorismo de las fuerzas civiles y militares antidemocráticas, incentivadas y protegidas por la CIA durante el gobierno de Nixon, llama poderosamente la atención el modo en el cual Salvador Allende sostuvo la invariable convicción de que solamente el pueblo soberano debía y podía, siguiendo los cauces de la legalidad, ampliar y profundizar el ejercicio de sus derechos de justicia y libertad, en democracia.

 

Quiero decir que hoy entendemos con mayor claridad —cómo lo ha hecho recientemente la presidenta Michelle Bachelet— que en la tan paradigmática situación chilena se trataba, tanto en ese entonces como durante los largos años de la transición, “de reconocer la radical diferencia entre democracia y dictadura. Hay algo inaceptable, ayer, hoy y mañana respecto de la dictadura. Y es el abismo moral y político entre dictadura y democracia que constituye la base sobre la que se construye y se sostiene nuestra vida en sociedad”.

Y añadía, cuarenta años después, con aguda e intransigente visión crítica hacia el pasado de la historia chilena: “Lo que no es justo es hablar del golpe de Estado [contra Allende] como un destino fatal e inevitable. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en ciernes, porque para dar continuidad a la democracia se requería más democracia, no un golpe de Estado”.[5] Golpe que el presidente hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar, ante todo tratando de crear las condiciones institucionales para que en Chile hubiera precisamente  “más democracia”.

 

  1. Una nueva constitución política que logre garantizar “más democracia” para Chile.

 

A este propósito les quiero recordar un hecho  esencial y no debidamente considerado por la historiografía sobre el gobierno constitucional de la Unidad Popular, presidido por un líder socialista en el hemisferio americano, en los dramáticos años dominados por la Guerra Fría, y del cual el amigo Joan Garces fue uno de los protagonistas junto con los colaboradores más cercanos al presidente[6].

 

Con esa invariable certidumbre que le era propia, Allende insistió en uno de sus proyectos estratégicos fundamentales para la emancipación de Chile, cuando el 5 de Setiembre de 1972 hizo entrega a cada partido de la coalición de gobierno de la versión definitiva de las “Bases para la Reforma de la Constitución Política del Estado”, como primer paso para iniciar un amplio debate nacional sobre el texto con la propuesta de reforma que debía culminar con su presentación ante el Congreso y su posterior votación en Referéndum popular.[7]

 

Era indispensable abrir, en ese crucial momento, “para dar continuidad a la democracia”, un debate constituyente como propulsor de una (nueva) hegemonía cultural, jurídico-política democrática, fruto —”por vez primera” en Chile proponía Allende— de una toma de conciencia social, en la cual todos los ciudadanos definieran los principios esenciales de su ordenamiento jurídico, político y económico-social.

 

El presidente explicó, con gran lucidez y muchos argumentos a los dirigentes de la Unidad Popular, los lineamientos generales del proyecto político constituyente para avanzar hacia “más  democracia”, el que concluía exhortando a “que el pueblo, por vez primera, entienda que no es desde arriba, sino que debe nacer de las raíces mismas de su propia convicción esta nueva Carta Fundamental, que le dará su existencia como pueblo digno, independiente y soberano”.[8]

 

Cuando Allende insiste en un proceso de cambio con apego a la Constitución y para avanzar hacia una nueva organización constitucional de Chile, está resumiendo y culminando su larga trayectoria como senador y como dirigente político de relieve latinoamericano e internacional. Para quien son las instituciones jurídicas las que se deben utilizar para consolidar y ampliar la democracia y llevar a cabo las que Norberto Bobbio llamaba «las promesas incumplidas».

Él entendía, con admirable rigor, que las constituciones y la legalidad institucional, expresaban los valores comunes de los pueblos y de las naciones, y que eran valores internacionales, indivisibles y, por lo mismo, universales. Por ello levantó su voz de protesta cuando los tanques soviéticos entraron a Budapest en 1956 y a Praga en 1968, para reprimir la «primavera democrática».

 

Por otra parte, si bien conocía las trágicas experiencias de la historia sudamericana, Allende confiaba —con su extremo amor de patria— en que en Chile no se repitiera lo que había ocurrido en Argentina con el golpe contra Juan Domingo Perón, en 1955, o en el aún más inquietante y reciente contra Goulart; se auguraba y pensaba que el pueblo y —por lo menos— una parte de las fuerzas armadas se mantuviesen fieles a la legalidad institucional, y que se pudieran realizar todas las revolucionarias reformas de su plan de gobierno.

 

A comienzos de 1972 (el 13 de abril), en ocasión de la inauguración de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Allende pronunció un discurso memorable, profundizando y aclarando la estrategia de la “economía política de la revolución chilena, democrática, pluralista y socialista”. Muchos miembros de las delegaciones de Europa —yo formaba parte de la italiana junto al embajador Norberto Behman dell’Elmo— apreciaron, muy especialmente, las continuas referencias del presidente al modelo económico y político del Estado de Bienestar que era uno de los objetivos de breve y largo plazo de la “vía chilena al socialismo”.

 

El proyecto de reforma constitucional y del presidencialismo entregado por Allende ampliaba de manera sustancial las libertades y los derechos, incorporando algo muy novedoso para el constitucionalismo (no sólo sudamericano) de la época, es decir, la Carta Fundacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; garantizaba el pluralismo social, político, religioso y cultural; aseguraba a los diferentes pueblos originarios  sus propias identidades; aseguraba bajo la tutela del Estado las riquezas básicas del suelo y del subsuelo, así como del fondo marino; proponía una radical reforma administrativa y concedía al Presidente de la República la facultad de disolver por una sola vez durante su mandato el Congreso para convocar nuevas elecciones políticas.[9]

 

 

Lo cierto es que hoy, después de medio siglo, estamos en condiciones de entender críticamente cómo el problema, antiguo y en ese entonces no resuelto, del respeto y la aplicación integral de la legalidad constitucional fue una de las concausas de los golpes. Cómo en el 1955 argentino y en el 1964 brasileño se entrelazaron, potenciándose negativamente, las tradiciones antiliberales y antidemocráticas de sectores reaccionarios dentro de las filas castrenses, del izquierdismo “foquista” y “guevarista” y, muy especialmente, de las persistentes y obcecadas derechas de las grandes corporaciones oligárquicas y vinculados con las multinacionales protegidas por los USA.

 

La conjugación activa de estas tres tradiciones —con sus concretas variantes en cada uno de nuestros países— y de las diversas componentes de la penetración imperialista dominaron los años de la ideología y la práctica de la Seguridad Nacional, a nivel continental.[10]

 

Insisto desde la actual perspectiva suramericana comparada: las etapas de los procesos de transición, desde su comienzo y posterior desarrollo hasta los desafíos actuales, en procura de avanzar en la afirmación y vigencia de una “democracia de los derechos”, fueron, precisamente, determinadas por las distintas formas de combinación que alcanzaron, en cada uno de nuestros países, esos núcleos duros y resistentes compuestos por las tres tradiciones antidemocráticas y antiliberales mencionadas, la de las oligarquías reaccionarias, la de los militares golpistas convocados por éstas y por los componentes pro-imperialistas, y la del mesianismo irredento de las distintas versiones de lucha armada propuestas por los tantos grupos de la ultraizquierda.

 

Porque, en la gestación y el advenimiento de las dictaduras del Siglo XX, tanto en las europeas como en las sudamericanas, convergieron las fuerzas sociales del despotismo político con las del despotismo económico y por esas mismas razones el reto de las transiciones democráticas ha sido —y en parte todavía es— romper ese círculo vicioso que había bloqueado el desarrollo de nuestros pueblos y naciones, junto a la gran tarea de reparación, verdad y justicia que se ha emprendido de manera diferente en cada uno de nuestros países. [11]

 

 

 

 

  1. De los Tribunales Internacionales de opinión a la Jurisdicción Universal.

La otra referencia a la actualidad, que se desprende de nuestras reflexiones sobre este aniversario del golpe de las derechas internacionales en contra de la democracia chilena, está vinculado a la resistencia contra la dictadura –en Brasil primero y en Chile después- y a los desarrollos de la cultura jurídica y política que la hizo posible, adentro y fuera de Brasil y de Chile.

En aquellos años tuvo una especial relevancia, en la configuración cultural, política y jurídica, de la justicia internacional penal, el rol precursor y esencial, que tuvieron los que el prestigioso jurista democrático francés, François Rigaux (excelente colaborador de Lelio Basso) denominaba los “Tribunales internacionales de opinión” [12] cuyo precedente más significativo fue el que concibieron en los años sesenta del siglo pasado dos filósofos (premios Nobel) europeos, Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, que fuera establecido en Londres (en 1965) con la denominación “Tribunal Internacional sobre los crímenes de guerra” (en Vietnam).

El tribunal, tan meritorio como injustamente olvidado, —y, por lo mismo se lo quiero evocar a ustedes— inició sus actividades  el mismo año en el que fue publicado el libro de Russell: Crímenes de guerra en Vietnam. El tribunal trabajó en dos sesiones. En Estocolmo, Suecia, del 2 al 10 de mayo de 1967, y en Copenhague, Dinamarca, del 21 al 30 de noviembre del mismo año. El coordinador de las sesiones fue el escritor yugoslavo y viejo combatiente de la Resistencia europea, Vladimir Dedijer y entre las veinticinco personalidades que las integraban debemos recordar a Günther Anders, Isaac Deutscher, Gisèle Halimi, James Baldwin, Simone de Beauvoir y tres latinoamericanos: el escritor argentino Julio Cortázar, el ex-presidente mexicano Lázaro Cárdenas y la presidenta del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Melba Hernández. Russell había comenzado a pensar en este Tribunal desde abril de 1963 y luego, intensamente, con la Bertrand Russell Peace Foundation, que comenzó a actuar a finales de ese año.

En el discurso de presentación del Tribunal, Russell recordaba el siglo dramático en que había vivido, que le enseñó cómo la lucha por la justicia y el derecho eran irrenunciables, desde su juvenil participación “en el caso Dreyfuss y en las investigaciones de los crímenes cometidos por el rey Leopoldo en el Congo. Soy capaz de rememorar las tantas injusticias que he conocido en estos decenios; sin embargo, en mi experiencia no encuentro ninguna situación comparable a esta guerra (…). No les ocultaré — explicaba convencido el filósofo británico — la profunda pasión y admiración que siento por el pueblo de Vietnam. Es por causa de estos mismos sentimientos que no puedo renunciar a mi deber de juzgar el daño que esta guerra le ha causado. Nuestra obligación es descubrir y decir todo. Tengo la convicción de que no hay mayor tributo que buscar y divulgar la verdad, nacida de una intensa e inexorable investigación ¡que este tribunal no permita el crimen del silencio!”[13]

Por su gran experiencia teórica y práctica en el Derecho Público y en el Derecho Penal, Basso tuvo gran relevancia durante los trabajos del Tribunal, hasta el punto de que llegó a presidir la última sesión, después de que Sartre cayera enfermo y no pudiera viajar a Copenhague. Basso, junto con Dedijer, representó la continuidad con el posterior Tribunal Russell sobre América Latina, que Basso comenzó a preparar —como sabemos— durante su viaje a Santiago de Chile en octubre de 1971, invitado por el presidente Allende para presidir el Simposio Internacional sobre “Transición al socialismo y la experiencia chilena”.

A este punto vale la pena volver sobre Basso y su vínculo con América Latina. Gracias a su empeño se había fundado al final de los años sesenta el Instituto per lo Studio della Societá Contemporánea, en el cual él quiso que me ocupara de América Latina, organizando una serie de seminarios, conferencias e investigaciones para que la Sección América Latina se volviera uno de los centros de estudio (no universitarios) más importantes de Italia. La Sección, y Basso personalmente, fueron desarrollando actividades y formas de colaboración con los partidos progresistas de América Latina, creando y apoyando iniciativas solidarias con los pueblos de Nuestra América.

Basso en el ya citado viaje de 1971 encontró en Santiago de Chile el Comité de Exiliados de la represión en Brasil integrado por varios exiliados entre los cuales se encontraban  Almino Affonso y José Herbert de Souza (Betinho). El entonces presidente del Comité, Pablo Neruda, con el apoyo del Presidente Allende y su amigo y consejero Darcy Ribeiro, pidió y obtuvo de parte de Basso el apoyo para denunciar en Europa los crímenes cometidos por la dictadura militar en Brasil. De ahí surgió la idea de crear un nuevo tribunal de opinión, el 2° Tribunal de Russell, continuando la positiva experiencia del que se había instituido para Vietnam y este segundo fue presidido por Lelio Basso, Jean -Paul Sartre y Vladimir Dedijer. Gracias a la cooperación de la Fundación británica por parte de Delia Russell, Ken Coates e Christopher Farley, fue creada en Brasil una gran red solidaria internacional para la lucha contra la dictadura militar en Brasil.

Después del golpe en Chile, en septiembre de 1973, la red solidaria internacional, se situó en la Fundación Basso, en Roma, donde se constituyó oficialmente, en Bruselas el 06 de noviembre de 1973, el 2° Tribunal de Russell para denunciar la violación de los Derechos Humanos en Brasil, Chile y América Latina. Basso apoyó la creación de una red internacional de Comités de Apoyo (formados en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Puerto Rico, Argentina, Canadá, Alemania, Suiza, México, Portugal, Panamá, Dinamarca, Italia, en Génova, Venecia, San Remo, Milán), íntimamente ligados con la acción de denuncia de la violencia de Estado perpetuada por los regímenes militares latinoamericanos.

Los primeros miembros del Tribunal fueron invitados por un llamamiento conjunto y firmado por Edith Russell, de 1974 a 1976. El Segundo Tribunal Russell fue integrado por un Comité de Honor con el presidente Jean Paul Sartre, Miembros: Hortensia Bussi de Allende, Marie Dominique Chenu, Noam Chomsky, Salvador Luria, Martin Niemoller, Pablo Neruda, Sebastián Matta. El jurado liderado por Basso e integrado por: Vladimir Dedijer, Gabriel García Marquez, François Rigaux, Albert Soboul (vice-presidentes), Abu Omar, Juan Bosch, Luis Cabral, Georges Casalis, Julio Cortazar, Giulio Girardi, Alfred Kastler, Emilio Maspero, J.B. Metz, John Mõlgaard, Joe Nordmann, Andreas Papandreou, James Petras, Pham Van Bach, Laurent Schwartz, Benjamin Spock, Jochen Steffen, Bruno Trentin, Armando Uribe, George Wald.

La primera sesión del Tribunal Russell sobre América Latina se realizó en Roma, desde el 30 de marzo al 06 de abril de 1974 para coincidir con el décimo aniversario del golpe en Brasil. Se recolectaron pruebas y documentos denunciando la violación de los derechos humanos en Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. La segunda se realizó entre el 11 y el 18 de enero de 1975 en Bruselas con la consigna “La responsabilidad de las multinacionales en Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Porto Rico» y a tercera, se realizó en Roma, entre el 10 y el 17 de enero de 1976 con la consigna “Represión Cultural en América Latina”.[14]

Las denuncias, testimonios y los análisis que se formularon en las tres sesiones del Tribunal Russell II fueron, en gran medida, las primeras interpretaciones acerca del alcance y la dimensión sudamericana e internacional del tremendo proceso reaccionario en curso, lo cual —y ello resultó ser esencial— permitió establecer una visión de conjunto comparando y conectando en profundidad los acontecimientos sucesivamente desarrollados en Brasil, Uruguay, Chile y, finalmente, Argentina.

Les recuerdo, haciendo referencia al léxico de la época, como en aquellos años no se había formulado de manera explícita —en términos de historia del derecho y de las instituciones— la relación que resultó ser determinante entre “justicia” y “transición” respecto de la construcción social y jurídico-política de los derechos y de la recuperación documental de la memoria como base de la reparación y de las obligaciones del Estado hacia las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en sus territorios “nacionales” y fuera de ellos abriendo el paso a la Jurisdicción Universal.[15]

En este sentido, el aporte de Basso y de los juristas democráticos, así como de todos los colegas testigos, acusadores y relatores de las sesiones del segundo Tribunal Russell no hubiera sido posible sin la acción anónima y heroica de los primeros defensores de la legalidad y el retorno de la democracia, es decir de los abogados y juristas latinoamericanos los cuales —para limitarme a Brasil, adonde comenzó “la resistencia jurídica”— y como recordaba Don Paulo Evaristo Arns, “en aquella época de muchos temores, estos abogados arriesgaron sus propias vidas y carreras profesionales para dedicarse a defender, en la gran mayoría de los casos gratuitamente, a las víctimas de la violencia política”.[16]

El legado de Allende y de la lucha —tan anónima como heroica— de los pueblos suramericanos por la democracia y los derechos sociales y de libertad, que han fomentado  y acompañado el crecimiento de las culturas jurídicas democráticas encuentra, pues, en este aniversario del 11 de septiembre en Chile, en la Argentina y en toda nuestra América  nuevas razones de su permanente vigencia.

Razones y desafíos, estimados alumnos, que los involucran directamente a todos ustedes en la tarea de conocer y aplicar los principios de la Jurisdicción Universal y de Justicia Internacional, para seguir combatiendo la impunidad e impulsar los caminos judiciales que suponen, e implican, la aplicación práctica de estos principios en cualquier parte del planeta.

Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano” le dijo, con la apasionada dignidad de su autoridad humana y política, al pueblo chileno el presidente Allende en esa trágica mañana del 11 de Septiembre, pocos minutos antes de que bombardearan el Palacio de la Moneda y de morir.

“Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el cual la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”

Porque este era, y sigue siendo, el legado que nos dejó como imperativo histórico el compañero Allende: que logremos -como nos advierte Ferrajoli- concebir y practicar una “cultura jurídica militante”, en el ejercicio de la “democracia a través de los derechos” de justicia y de libertad.

Alberto Filippi           

Buenos Aires, Septiembre 2015

[1] Para profundizar algunos de estos temas remito al testimonio y a la documentación que se encuentra en, Joán Garcés, Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política, Editorial Ariel, Barcelona 1976 y Estrategias globales, americanas y españolas, Siglo XXI editores, Madrid 1996; Eduardo, Novoa Monreal, La batalla por el cobre. Comentarios y documentos, Editorial Quimantú, Santiago de Chile y los escritos recopilados durante el exilio en Venezuela, ¿Vía legal hacia el socialismo? El caso de Chile, 1970-1973, editorial jurídica Venezolana, Caracas, 1978; José Antonio Viera-Gallo, 11 de septiembre. Testimonio, recuerdos y una reflexión, Ediciones Chile-America, Santaigo de Chile, 1998, La pausa de la razón, Editorial de la Universidad de Concepción, Concepción, 1997, “Testi sulla transizione cilena”, en Politica Internazionale, julio-octubre, editorial del Ipalmo, Roma, 1997; y sus memorias, desde la época de Allende hasta el Tribunal Constitucional, pasando por los largos años del exilio en Italia, El compromiso, Aguilar, Santiago, 2013. Pero véase Alberto Filippi, “Goulart, Allende, Basso e o Tribunal Russell II sobre América Latina”, postfacio a As Multinacionais na América Latina, Tribunal Russell II (edición a cargo de Giuseppe Tosi y Lúcia de Fátima Guerra), Editora da UFPB, Comisión Nacional da Anistía, Joâo Pessoa, 2014.

[2] Salvador Allende, “Persecuciones políticas en Brasil”, Diario de Sesiones del Senado de la República

de Chile, Sesión del miércoles 6 de enero de 1965 (cursiva mía), conceptos ratificados en la muy

significativa carta de Allende a Goulart (del 25 de agosto de 1965) que le hizo llegar a través del poeta

Thiago de Melo, amigo de Pablo Neruda, que volvía del exilio chileno a Brasil, recientemente rescatada

por João Vicente Goulart, hijo del presidente y conservada en el Archivo Nacional de Brasil en Brasilia. Pero, sobre la relación entre Allende y Goulart, léase además, el testimonio de uno de los protagonistas de aquellos años en Brasil y en Chile, Darcy Ribeiro, Jango e eu, Fundación Darcy Ribeiro – Universidad de Brasilia, 2010 y “Allende y la izquierda desvariada”, en La Opinión Cultural, Buenos Aires, 20 de enero 1974.

[3] Sobre el comienzo de esas relaciones del Istituto per lo studio della societá contemporánea, fundado por Lelio Basso, y de la Universidad de Camerino, con el gobierno de Unidad Popular y las universidades chilenas, el Ceren y el Ceso me permito remitir a A. Filippi, “Alessandro Baratta y las relaciones de la Universidad de Camerino y los juristas democráticos italianos guiados por Lelio Basso, con el Ministerio de Justicia del Gobierno de Salvador Allende en el testimonio de Alberto Filippi (con anexa la correspondencia entre Filippi, Luigi Ferrajoli y José Antonio Viera-Gallo)”, en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, número especial, Homenaje a Alessandro Baratta, a cargo de Stella Maris Martínez y Luis Niño, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2002, pp. 13/28; Sobre la “Operación Verdad” véase la reseña oficial del evento: “Encuentro del Presidente de la República, Salvador Allende, con los participantes extranjeros de la Operación Verdad, realizado en el gran comedor del Palacio de la Moneda”, Oficina de Información Internacional y Radiodifusión de la Presidencia dela República, Santiago de Chile, 2 de abril 1971. Entre los italianos que participaron en la “Operación Verdad”, estuvieron Giorgio La Pira, Davide Turoldo, Carlo Levi, Corrado Corghi, Roberto Rossellini, Emidio Greco.

[4] Alberto Filippi, “Alessandro Baratta y las relaciones de la Universidad de Camerino, y de los

juristas democráticos italianos guiados por Lelio Basso, con el Ministerio de Justicia del gobierno

de Salvador Allende y con los juristas latinoamericanos en el testimonio de Alberto Filippi”, op. cit.,

  1. 22, 23 y 27/28.

[5] Michelle Bachelet, “Discurso en el acto de conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar

y la muerte de Allende, pronunciado el 9 de septiembre de 2013”, en la explanada del Museo de la

Memoria de Santiago. La cursiva es mía.

[6] Como se puede valorar leyendo del propio Garcés, El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, editorial siglo XXI, de España Barcelona-Madrid, 1974 y luego ampliada en la edición italiana a mi cargo para el editor Il Saggiatore de Milán en 1977, Democrazia e controrivoluzione in Cile. Un’analisi del governo di Allende fino al colpo di stato.

[7] Hecho político que marcó las preocupaciones del presidente hasta los últimos momentos de su vida, y cuya trascendencia, a mi modo de ver, constituye un aspecto central de su testamento político. La que resultaría ser la última cena de su vida, el presidente la dedicó en gran parte ( en la residencia de la calle Tomás Moro) a detallar los contenidos del plebiscito que tenía previsto anunciar al día siguiente  (el 11 de septiembre) a la Nación, cuyos temas centrales se pueden resumir en cuatro puntos: medidas económicas para preservar los derechos sociales de los trabajadores; acciones drásticas en contra de los ataques terroristas; la búsqueda de un acuerdo político con la Democracia Cristiana en el Parlamento para convocar, a breve término, un Referéndum para que los chilenos se pronunciaran sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. A la cena participaron Orlando Letelier, Carlos Briones, Augusto Olivares y Joan Garces.

[8] Salvador Allende, “Discurso ante los dirigentes de la Unidad Popular, presentando las ‘Bases para

la Reforma de la Constitución Política del Estado’ (5 de Setiembre de 1972)”, en Salvador Allende –

1908-1973, Obras escogidas, Gonzalo Martner (compilador), Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar y Fundación Presidente Allende (España), Santiago, 1992, pp. 473/480.

[9] La Fundación Presidente Allende de España publicó una versión preliminar del proyecto (en 1993) y la versión íntegra puede leerse en Salvador Allende: Un Estado democrático y soberano. Mi propuesta a los Chilenos, Ediciones Allende Vive, Santiago de Chile, 2003. Pero véase también, para una visión de conjunto, Mario Amorós, Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo, Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2008.

[10]Algunas de estas cuestiones histórico-políticas y jurídicas han sido analizadas por Luis Niño y Alberto Filippi en la Introducción general y así como en algunos de los ensayos recopilados en el volumen De las dictaduras a las democracias. Experiencias institucionales comparadas: Brasil, Uruguay, Chile y Argentina (1964-2014), Infojus, Buenos Aires, 2014.

[11]Sobre el vínculo dominante en aquellos años entre el “despotismo político” de las dictaduras y el “despotismo económico” de las corporaciones multinacionales remito a Alberto Filippi, Teoria e storia del sottosviluppo latinoamericano, dos vols, Facoltá di Giurispruedenza, Jovene editore, Napoles 1981, vol. 1, especialmente el capítulo “Economia e istituzioni latinoamericane”, pp. 274/275. Sobre la conexión a nivel mundial del capitalismo y el subdesarrollo en aquellos años setenta del siglo pasado, remito (además de la bibliografía indicada en la nota 1) al número especial de la revista Problemi del Socialismo del que fui curador, junto con Saverio Tutino, América Latina: imperialismo e sottosviluppo, (Roma, año X, mayo-agosto 1971, nn. 46-47) número precedido por mis artículos sobre: “Un modelo storico-strutturale del Sottosviluppo”, en Problemi del Socialismo, año XI, nº 42, Roma 1969, y “América Latina: il dibattito sul capitalismo dipendente”, en Mondo Operaio, nº 12, Roma 1973, nº 13, 1974.

[12] François Rigaux, “Lelio Basso e i Tribunali d’opinione”, en Il Veltro, Roma, septiembre-diciembre, 1999, N° 5-6. Además, véase uno de los padres de la Corte Penal Internacional con el Estatuto de Roma de 1998, Giuliano Vassalli, La giustizia Internazionale Penale, especialmente el capítulo 9, “Diritti dell’ uomo e diritto internazionale penale” (1992), editorial Giuffré, Milán 1995.

[13]Bertrand Russell, “Propósitos y objetivos del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra”, Apéndice a la Autobiografía, Barcelona, Edhasa, 2010, p. 1007.

[14] Pero véanse los ensayos reunidos por Andrea Mulas (especialmente los escritos de Salvatore Senese y Linda Bimbi) en el volumen, Lelio Basso: La ricerca dell’ utopia concreta, EDUP, Fondazione Basso, Roma, 2006 y los testimonios de varios de los protagonistas en Leilo Basso, ediciones Punto Rosso, Milan 2012. Sobre la experiencia jurídico-política de las “Redes Solidarias” léase Simona Fraudatario, “Le Reti di solidarietá per el Tribunale Russell II, negli archivi della Fondazione Lelio e Lisli Basso”, en Memorie di Repressione, resistenza e Solidarietà in Brasille e in América Latina, a cargo de Giancarlo Monina, Fondazione Basso, Ministerio da Justica do Brasil, EDIESSE editor, Roma, 2013,pp. 315 – 360.

[15] Cuestión que fue analizada en mi ensayo, “O legado de Lelio Basso na América do Sul e seus arquivos de Roma: as particularidades históricas das transições democráticas e a constitucionalizaçao dos novos direitos”, en Revista Amnistía. Política e Justicia di Transiçao, Ministerio de Justicia, Brasilia, enero-junio 2009, pp 94-131.

[16] Paulo Evaristo Arns, Prefacio a  Fernando Sá, Osvaldo Munteal e Paulo Emilio Martins (compiladores), Os advogados e a ditadura de 1964. A defesa dos perseguidos políticos no Brasil, Petrópolis, Vozes, 2010.

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MUY IMPORTANTE E INÉDITO:

Texto póstumo de Salvador Allende. Propuesta de reforma constitucional para Chile, que iba a ser presentada el 11 de septiembre de 1973. Textos de Joan E. Garcés. (PDF completo).

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